Esta es la segunda acción legal que la prestigiosa institución toma contra el gobierno federal.
El pasado 21 de abril, Harvard ya había presentado una demanda relacionada con recortes presupuestarios que, según argumenta, afectan su autonomía financiera y académica.
Esta confrontación marca un nuevo capítulo en la tensa relación entre la Casa Blanca y el sector universitario estadounidense, particularmente en temas de inmigración, autonomía académica y política educativa.
En este caso, la directa y casi inmediata respuesta de la universidad también deja entrever cómo detener el flujo de estudiantes internacionales a Harvard, que atrae a algunos de los académicos más destacados del mundo, desestabilizaría a la institución.
La nueva querella judicial responde a la decisión del DHS de despojar a la universidad de su autorización para emitir visas categoría F y J, necesarias para que estudiantes y académicos internacionales puedan estudiar o investigar en Estados Unidos.
Esta medida, según el rector de Harvard, Alan M. Garber, “desestabiliza la esencia misma de la universidad” y forma parte de una “serie de represalias por parte del gobierno federal”.
“La revocación es la continuación de una serie de acciones gubernamentales en represalia contra Harvard por nuestra negativa a renunciar a nuestra independencia académica y a someternos a la ilegal asunción de control por parte del gobierno federal sobre nuestro currículo, nuestro profesorado y nuestro estudiantado”, afirmó Garber en una carta dirigida a la comunidad universitaria.
En su mensaje, Garber calificó la decisión del gobierno como una “acción ilegal e injustificada” que pone en riesgo el futuro académico de miles de personas y representa una amenaza para universidades de todo el país.
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“Acabamos de presentar una acción legal, a la que seguirá una solicitud de orden de restricción temporal”, anunció el rector.
La Oficina Internacional de Harvard, encargada de coordinar los programas de intercambio y el apoyo a estudiantes extranjeros, continuará ofreciendo información y respaldo a los afectados mientras se resuelve el proceso legal.
El gobierno federal justificó la revocación de la certificación alegando un supuesto incumplimiento por parte de la universidad en responder solicitudes de información. No obstante, Harvard sostiene que ha cumplido con todos los requerimientos legales del Departamento de Seguridad Nacional.
La comunidad universitaria de Harvard ha manifestado su respaldo a los estudiantes internacionales desde que empezó el pulso con Trump.
“Son miembros vitales de nuestra comunidad… nuestros colegas, mentores y colaboradores. Gracias a ellos, nuestro país y el mundo son más iluminados y resilientes”, señaló Garber.
El 21 de abril anterior, Harvard demandó a la administración Trump, que amenazó entonces con recortarle el financiamiento e imponerle una supervisión política externa.
Días antes, Trump arreció su guerra contra la prestigiosa entidad, que se niega a acatar sus exigencias. Fue entonces cuando anunció el congelamiento de $2.200 millones de fondos federales y luego con retirarle ciertas condiciones fiscales ventajosas por su condición de centro de investigación y universidad.
