Washington. El Departamento de Justicia de Estados Unidos amenazó a las autoridades locales y estatales con llevarlas a juicio si no cooperan con las políticas migratorias del presidente Donald Trump. Estas incluyen la deportación de millones de migrantes en situación irregular.
Citando una cláusula constitucional sobre la división de poderes, el fiscal general interino Emil Bove afirmó en un memorando: “La ley federal prohíbe a los actores estatales y locales resistirse, obstruir e incumplir de cualquier modo las órdenes legales relacionadas con la inmigración”.
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Bove añadió: “El Departamento de Justicia investigará los incidentes que involucren cualquier conducta indebida para una posible acusación”. Este memorando se emitió el martes por la noche y se publicó en medios estadounidenses el miércoles.

Trump anunció restricciones drásticas a la inmigración y el asilo en Estados Unidos horas después de asumir el cargo. Estas medidas incluyeron la proclamación de una emergencia nacional en la frontera con México y el fin de la ciudadanía por nacimiento. El presidente republicano prometió durante su campaña llevar a cabo la mayor deportación de migrantes en la historia del país.
Según Bove, se creó un grupo de trabajo enfocado en las llamadas “ciudades santuario”, que protegen a los migrantes de ser expulsados. Este grupo identificará “leyes, políticas y actividades estatales y locales inconsistentes con las iniciativas migratorias del poder ejecutivo” y tomará medidas legales contra dichas normativas cuando sea apropiado.
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Varias ciudades santuario controladas por demócratas en Estados Unidos restringen la cooperación con las autoridades federales de inmigración. Bove afirmó que estas leyes y acciones “amenazan la seguridad pública y la seguridad nacional”, al dificultar la divulgación de información a las autoridades federales.
La oficina federal de investigación (FBI) y otras agencias deberían revisar sus archivos en busca de información identificativa o datos biométricos de migrantes en situación irregular, explicó Bove. Estos datos deben entregarse al Departamento de Seguridad Interior para facilitar las deportaciones. Cabe señalar que Bove fue abogado personal de Trump antes de asumir su cargo en el Departamento de Justicia.
