Lima, Perú. El periodista peruano Fernando Núñez fue asesinado por sicarios cuando retornaba de una cobertura de prensa en la región norteña de La Libertad, informó este domingo la Asociación Nacional de Periodistas (ANP).
Núñez, reportero del medio digital Kamila TV, es el tercer periodista ultimado por el crimen organizado en Perú en lo que va del 2025.
En meses pasados, los periodistas Gastón Medina, de Ica (sur), y Raúl Celis, de Iquitos (noreste), también murieron por disparos, en un contexto de expansión de grupos criminales en el país sudamericano.
Núñez “fue atacado por sicarios cuando se desplazaba en una motocicleta junto a su hermano” en la tarde del sábado, expresó la ANP en un comunicado difundido en redes sociales.
Núñez falleció de forma inmediata y su hermano está en estado crítico.
El asesinato ocurrió en el distrito de Guadalupe, en el departamento de La Libertad donde entre enero y octubre se han reportado 236 homicidios, según la policía.
“Que no quede impune, porque él era una persona que luchaba por eso. Él era un periodista que siempre prestaba servicio a mucha gente”, dijo la viuda de Núñez, Katherine de la Cruz, a la televisora Latina. Afirmó que no tenía conocimiento de amenazas.
Según la prensa local, el periodista denunciaba a través de su plataforma digital presuntos casos de corrupción en la región de La Libertad.
La ANP exigió a las autoridades seguir prioritariamente la pista del trabajo periodístico de Núñez como motivo del crimen.
“Este nuevo hecho evidencia una escalada intolerable de violencia contra quienes ejercen el derecho a informar. Cada vida arrebatada no solo representa un ataque directo al periodismo, sino también a la democracia y al derecho de la ciudadanía a estar informada”, agregó la ANP.
Según datos oficiales del 2025, hasta octubre se registraron 1.888 homicidios en Perú, una cifra casi un 13% superior a la registrada en el mismo período del año anterior.
En octubre, Dina Boluarte (2022-2025) fue destituida por el Congreso de su cargo de presidenta debido a una “incapacidad moral permanente” para hacer frente a la crisis de seguridad que atraviesa el país. Asumió de manera interina el derechista José Jerí.