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Londres, Reino Unido. Los países de la Organización Marítima Internacional (OMI) se reunirán a partir del lunes en Londres con el objetivo de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) del transporte marítimo, aunque el consenso todavía parece lejano.
Los miembros de la OMI se han comprometido a adoptar antes del final de este año medidas para alcanzar gradualmente la neutralidad en carbono para 2050, con una reducción del 40% en 2030 en comparación con 2008, y del 80% en 2040.
El desafío es considerable, ya que el transporte marítimo representa cerca del 3% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero, según la Organización.
Sin embargo, las diferencias entre los países siguen siendo profundas.
La reunión que empieza el lunes, el llamado Comité de Protección del Medio Marino (MEPC-83), aspira a alcanzar un acuerdo para el viernes 11 de abril.
La posición de Estados Unidos es una incógnita porque todavía no se ha pronunciado sobre la cuestión desde la llegada al poder de la administración republicana de Donald Trump.
“Es difícil decir qué sucederá la próxima semana”, señala Fanny Pointet de la Federación Europea de Transporte y Medioambiente, y apunta que las posiciones se dividen en tres grupos.
El primero, liderado por los estados insulares del Pacífico y del Caribe, al que se han unido otros países como el Reino Unido, reclama un sistema de impuestos al carbono, siguiendo el principio de “quien contamina, paga” aplicado a los barcos.
Los ingresos de este impuesto serían luego redistribuidos en beneficio de los países más vulnerables al cambio climático para financiar su transición energética.
“Una realidad aterradora”
“El cambio climático es una realidad aterradora y vivida por mi país”, asegura Albon Ishoda, el embajador de las Islas Marshall ante la OMI.
Un segundo grupo, compuesto por una quincena de países, entre ellos Brasil y China, se opone firmemente a dicho impuesto.
Según este grupo, aumentaría las desigualdades entre países y pondría en riesgo la seguridad alimentaria al incrementar el costo del transporte de mercancías básicas, como el aceite de palma, los cereales o el maíz.
Inicialmente favorable al impuesto al carbono propuesto por el primer grupo, la Unión Europea propone una tercera vía, en forma de compromiso, con la creación de un mercado mundial de créditos de carbono que se acerque a la propia legislación ya existente de la UE.
El grupo de investigación sobre el transporte marítimo y los océanos de la University College London (UCL) considera, sin embargo, que un sistema de este tipo “puede llevar a condiciones de competencia desleales”, favoreciendo a los países “con políticas industriales y ayudas estatales”, particularmente China.
Según los investigadores, la transición “más rápida y menos costosa” se lograría “gracias a un impuesto alto sobre las emisiones”, así como una norma que establezca el objetivo de reducción progresiva del gasóleo y determine qué combustibles alternativos están permitidos.
Fanny Pointet advierte que, en ausencia de criterios sobre estos combustibles alternativos, se podrían terminar utilizando algunos a base de aceite de palma y de soja, asociados a emisiones indirectas debido a la deforestación.
Brasil defiende el papel clave de estos biocarburantes. Sin embargo, más de 60 oenegés de protección del medioambiente se han manifestado en contra de su inclusión en la futura mezcla energética del transporte marítimo.
Las asociaciones buscan promover otras soluciones, como carburantes sintéticos a base de hidrógeno, actualmente muy costosos de producir, o instalaciones de propulsión eólica en los barcos.
