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Moscú. La justicia rusa designó este lunes al grupo colectivo punk feminista Pussy Riot como “organización extremista” y prohibió todas sus actividades en el territorio de la Federación de Rusia, informó un tribunal de Moscú a través de su canal oficial en Telegram.
El colectivo, conocido por su oposición abierta al presidente Vladímir Putin, se hizo internacionalmente famoso en 2012 tras realizar una “oración punk” en la catedral de Cristo Salvador de Moscú, en la que pedía a la Virgen María “expulsar” al mandatario del poder.
Varias de sus integrantes fueron condenadas entonces a prisión por esa acción.
La decisión judicial no tomó por sorpresa a las integrantes del grupo.
“Estos idiotas llevan trabajando en ello desde hace años, al menos desde 2012”, escribió Nadya Tolokonikova, una de las figuras más visibles de Pussy Riot, en un mensaje publicado el domingo en la red social X, acompañado de un fragmento de una entrevista concedida en 2012 desde una colonia penitenciaria.
A inicios de diciembre, el colectivo ya había advertido sobre la inminencia de la resolución.
“La ley está hecha para borrar a Pussy Riot de la mente de los ciudadanos rusos”, afirmó el grupo en su cuenta de Facebook.
Además, alertó de que esta designación otorga al Estado mayores herramientas legales para castigar cualquier vínculo con ellas, lo que genera preocupación por la seguridad de simpatizantes que no pueden salir del país o han decidido permanecer en Rusia.
Muchas de las integrantes de Pussy Riot han enfrentado condenas penales por su activismo y actualmente viven en el exilio.
El grupo también ha expresado su rechazo a la ofensiva militar rusa contra Ucrania.
En 2021, una de sus miembros, Maria Aliójina, logró huir del país de forma clandestina disfrazada de repartidora de comida, luego de enfrentar una posible pena de prisión.
Con esta resolución, Pussy Riot pasa a integrar la lista rusa de “terroristas y extremistas”, en la que ya figuran la Fundación Anticorrupción del fallecido opositor Alexéi Navalni, la empresa Meta y el denominado “movimiento internacional LGTB”.
Esta calificación permite a las autoridades rusas aplicar un amplio marco jurídico para restringir actividades, perseguir vínculos y silenciar voces críticas contra el poder político en el país.
