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El gobierno de Donald Trump detuvo esta semana en Phoenix, Arizona, al activista colombiano Franklin Humberto Coral Garrido, conocido como Beto Coral, después de que criticara públicamente a un candidato presidencial de derecha en Colombia respaldado por la Casa Blanca, según reveló este sábado el diario neoyorquino The New York Times.
De acuerdo con el diario, la detención se produjo el mismo día en que el secretario de Estado, Marco Rubio, firmó un memorando en el que concluía que Coral era deportable de Estados Unidos, pese a que ingresó en 2015 con visa de turista y mantiene una solicitud de asilo pendiente ante las autoridades migratorias.
En ese documento, según la publicación, Rubio sostuvo que Coral “ha utilizado su presencia en Estados Unidos para realizar actividad política en apoyo del gobierno de Petro” y ha hecho campaña contra Abelardo De La Espriella, candidato presidencial de derecha respaldado por Trump, en las elecciones colombianas.
El incidente se revela el día antes de la celebración de la segunda vuelta electoral en Colombia entre De La Espriella y el aspirante de izquierda, Iván Cepeda.
El memorando afirma que permitir que Coral permanezca en el país “socava los intereses de la política exterior de Estados Unidos en los procesos democráticos de Colombia”, y envía la señal de que extranjeros pueden usar “plataformas estadounidenses” para campañas de desinformación y litigios dirigidos contra “actores democráticos extranjeros” sin consecuencias.
Según The New York Times, este documento se inscribe en una serie de memorandos en los que Rubio ha utilizado su cargo para señalar a inmigrantes específicos ante el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y recomendar su deportación, alegando que su presencia afecta la política exterior estadounidense.
Hasta ahora, la mayoría de esos casos se centraban en personas que habían protestado contra Israel, como Mahmoud Khalil, un estudiante de la Universidad de Columbia detenido por las autoridades migratorias el año pasado. El caso de Coral sería el primero vinculado directamente a una contienda electoral extranjera.
Activismo político y disputa con De La Espriella
Coral, de 40 años y originario de Medellín, es un activista progresista en redes sociales, partidario del presidente Gustavo Petro, con quien Trump ha tenido fuertes roces.
El colombiano ha criticado abiertamente a De La Espriella, abogado penalista de derecha convertido en candidato presidencial, que este domingo se medirá en segunda vuelta con Iván Cepeda, aspirante del espacio político de Petro.
The New York Times relata que, días antes de su arresto, Coral viajó a Miami, donde participó en acciones para disuadir a miembros de la diáspora colombiana de votar por De La Espriella.
El activista también había ido a esa ciudad para impulsar una denuncia ante el FBI contra el candidato, a quien acusa de grabar ilegalmente conversaciones telefónicas entre ambos y difundir el audio en redes, lo que habría derivado en campañas de acoso.
Según la expareja de Coral, Tatiana Camacho, De La Espriella actuaba allí en representación del expresidente Álvaro Uribe, quien mantenía una demanda civil por difamación contra Coral y lo habría presionado en varias ocasiones para retractarse.
El martes, agentes de migración interceptaron a Coral cuando regresaba a su casa en Phoenix junto con su hijo de 12 años y el perro de la familia, explicó Camacho al diario.
Durante el operativo, Coral logró llamar al periodista colombiano Daniel Coronell y le envió un video que documentaba el arresto en tiempo real, lo que permitió que el caso se conociera de inmediato en redes sociales y medios.
En un comunicado citado por The New York Times, el Departamento de Seguridad Nacional afirmó que Coral ingresó al país en diciembre de 2015 con una visa B1/B2 que le permitía permanecer seis meses y que “violó las leyes” al quedarse durante diez años más.
La nota oficial añade que seguirá bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) mientras avanzan los procedimientos de expulsión.
El reportaje subraya que el caso Coral pone a prueba los límites del uso de la política migratoria como herramienta de política exterior y abre un nuevo capítulo en la discusión sobre hasta qué punto el gobierno puede utilizar la figura de deportabilidad para castigar la expresión política de no ciudadanos, en particular cuando se trata de campañas y elecciones en otros países.
