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Cinco profesionales colombianos forman parte de una demanda federal presentada contra el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y el Departamento de Estado por la suspensión de visas de inmigrante para ciudadanos de 75 países, una medida impulsada por la administración de Donald Trump que frenó miles de trámites migratorios legales.
Los demandantes integran un grupo de once personas que acudieron a los tribunales tras considerar que la política bloqueó procesos que ya estaban en su etapa final. El caso, identificado como CLINIC v. Rubio, avanza en una corte federal de Nueva York y podría convertirse en un precedente para la política migratoria estadounidense.
La acción judicial fue presentada por organizaciones defensoras de inmigrantes como el National Immigration Law Center (NILC), la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes de Los Ángeles (CHIRLA), Justice Action Center, LatinoJustice PRLDEF, UndocuBlack Network y la clínica jurídica de inmigración de la Universidad de Yale.
La demanda cuestiona una suspensión aplicada a 75 países
La controversia gira en torno a una política anunciada por el Departamento de Estado el 21 de enero, mediante la cual se suspendió la emisión de visas de inmigrante para ciudadanos de 75 países, entre ellos Colombia.
Según el gobierno estadounidense, la medida constituye una pausa temporal para revisar los procedimientos de evaluación y verificación de solicitantes.
La administración Trump sostiene que la decisión busca evitar el ingreso de inmigrantes que podrían convertirse en una carga para los programas de asistencia pública financiados por los contribuyentes.
Sin embargo, los demandantes rechazan ese argumento. En la demanda afirman que la justificación carece de fundamento y señalan que la mayoría de los beneficiarios de visas de inmigrante no pueden acceder a programas de asistencia pública durante varios años después de llegar a Estados Unidos.
Los abogados también sostienen que la medida excede las facultades otorgadas por el Congreso y que sustituye las evaluaciones individuales por una restricción basada en la nacionalidad de los solicitantes.
Expertos en inmigración advirtieron que la política podría afectar cerca de la mitad de la inmigración legal hacia Estados Unidos si permanece vigente.
Los cinco colombianos incluidos en la demanda
Casi la mitad de los demandantes individuales son colombianos. Todos siguieron canales legales de inmigración y contaban con peticiones migratorias previamente aprobadas.
Fernando Lizcano Losada
El primer colombiano mencionado en la demanda es Fernando Lizcano Losada, endocrinólogo con más de 30 años de experiencia en investigación y práctica clínica.
El expediente lo identifica como fundador y director de un centro de investigación biomédica en la Universidad de La Sabana. También fue presidente de la Asociación Colombiana de Endocrinología, Diabetes y Metabolismo y realizó investigaciones posdoctorales en fisiología molecular en el Brigham and Women’s Hospital de la Escuela de Medicina de Harvard.
Su petición migratoria fue aprobada bajo la categoría EB-1A, destinada a personas con habilidades extraordinarias en áreas como ciencia, educación, artes o negocios.
La aprobación llegó en enero de 2025. El 22 de enero de 2026 asistió a su entrevista consular para completar el proceso. Al finalizar, recibió una notificación que suspendió su caso debido a la nueva política.
Según la demanda, Lizcano planeaba continuar investigaciones en Harvard relacionadas con enfermedades metabólicas y distintos tipos de cáncer, incluido el cáncer de mama.
Juan David Buitrago Cagua
El segundo demandante colombiano es Juan David Buitrago Cagua, ingeniero especializado en sistemas solares fotovoltaicos y almacenamiento de energía.
Reside en Lisboa, Portugal, y obtuvo la aprobación de una petición EB-2 por interés nacional en febrero de 2024.
Posteriormente viajó a Bogotá para cumplir con la entrevista consular requerida. Tras concluir el trámite, recibió una notificación que suspendió la emisión de su visa debido a la política aplicada por el Departamento de Estado.
Mayra Alejandra Alcendra Moscote
La tercera colombiana es Mayra Alejandra Alcendra Moscote, profesional especializada en finanzas, gestión de proyectos y regulación de los sectores minero, petrolero y energético.
Reside en España y obtuvo la aprobación de una petición EB-2 por interés nacional en noviembre de 2023.
Su proceso registró retrasos relacionados con documentación médica de su hija. Una vez superado ese obstáculo, la embajada estadounidense le comunicó que no podía emitir las visas debido a la suspensión decretada por Washington.
Andrés Alfonso Medina Ramírez
También figura Andrés Alfonso Medina Ramírez, arquitecto especializado en gestión pública y desarrollo de infraestructura.
La demanda señala que presentó una iniciativa para impulsar la construcción de viviendas sostenibles y resistentes a fenómenos climáticos dirigidas a comunidades vulnerables en Estados Unidos.
Su petición migratoria fue aprobada en abril de 2025.
No obstante, durante la entrevista consular realizada en Bogotá el 22 de enero de 2026 recibió una notificación que informó la suspensión de su proceso por la política aplicada a ciudadanos colombianos.
Lina Margarita Angulo Peñaranda
La quinta colombiana es Lina Margarita Angulo Peñaranda, arquitecta y diseñadora de interiores con más de 20 años de experiencia profesional.
Su petición migratoria fue aprobada bajo la categoría EB-2 por interés nacional.
Las autoridades concluyeron que su proyecto contribuiría a generar oportunidades de capacitación y empleo en Estados Unidos, además de promover el uso de materiales y proveedores locales.
Pese a esa aprobación, su trámite quedó detenido en la fase final del proceso consular.
Un caso que podría redefinir el alcance de la política migratoria
Los cinco colombianos comparten una característica clave: ninguno solicitó asilo ni participó en programas humanitarios.
Todos utilizaron mecanismos de inmigración legal establecidos por la legislación estadounidense y contaban con aprobaciones migratorias previas para optar por la residencia permanente.
Según la demanda, los expedientes quedaron congelados cuando solo restaba completar la fase consular y obtener la visa de inmigrante.
Los abogados argumentan que el gobierno reemplazó años de evaluaciones individuales por una prohibición general basada en el país de origen.
La resolución del caso podría afectar a miles de personas en condiciones similares.
Si los demandantes obtienen una decisión favorable, el Departamento de Estado tendría que reanudar el procesamiento normal de visas para ciudadanos de los 75 países incluidos en la suspensión.
Si la corte respalda al gobierno, quedaría consolidada una de las restricciones más amplias a la inmigración legal impulsadas durante el segundo mandato de Donald Trump.
*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.
