EscucharSan José. Al menos 46 periodistas debieron partir de Nicaragua al exilio en 2024 y cuatro fueron detenidos, según un informe publicado este lunes en Costa Rica por la ONG Fundación por la Libertad de Expresión y Democracia (FLED).
Los cuatro capturados fueron Fabiola Tercero, en “paradero desconocido” desde su aprehensión y allanamiento de su casa en julio de 2024; Henry Briceño, posteriormente “expulsado” hacia Costa Rica con su familia; y Leo Cárcamo y Elsbeth D’Anda, ambos en prisión, de acuerdo con FLED.
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“En los últimos meses de 2024, el gobierno intensificó su represión mediante desapariciones forzadas, destierros y detenciones arbitrarias dirigidas contra medios y periodistas independientes”, comentó la oenegé, que opera desde el exilio en Costa Rica.
Al cierre de 2024, suman 283 profesionales de los medios forzados a exiliarse “para proteger sus vidas y las de sus familias” desde las protestas antigubernamentales de 2018, destacó la FLED en su informe titulado “Prensa independiente en Nicaragua: 2024, resiliencia y valentía ante la represión estatal”.
Hace una semana, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en San José, pidió al gobierno de Nicaragua liberar de forma “inmediata” a Cárcamo, detenido en noviembre pasado.
Ese mismo mes fue capturado D’Anda, luego de que informara en un canal de televisión local sobre el alza en los precios de alimentos.
La situación de la prensa empeoró en Nicaragua tras las protestas de 2018, que en tres meses dejaron más de 300 muertos, según la ONU, y que la tiranía de Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, consideran un intento de golpe de Estado orquestado por Washington.
Ortega reformó en 2024 la ley de ciberdelitos, lo que elevó las penas y abrió la vía para condenar a personas por publicaciones en las redes sociales.
Además, una reforma a la Constitución aprobada por el Congreso establece que el Estado “vigilará” a la prensa y a la Iglesia para que no respondan a “intereses extranjeros”.
Desde 2018, medio centenar de medios de comunicación independientes o críticos del gobierno han cerrado en Nicaragua y sus bienes han sido confiscados, según denuncias de Reporteros sin Fronteras (RSF) y otras organizaciones de prensa internacionales.
