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Washington, Estados Unidos. Uno de los programas de vigilancia más importantes de Estados Unidos, que permite espiar comunicaciones de extranjeros fuera del país, expira este viernes, en pleno Mundial de fútbol, lo que suscita preocupaciones de seguridad nacional.
La Sección 702 de la Ley de Vigilancia de la Inteligencia Extranjera (FISA, por sus siglas en inglés) permite a las agencias de espionaje estadounidenses recolectar sin orden judicial comunicaciones de ciudadanos extranjeros en el extranjero, incluso cuando se ponen en contacto con personas dentro de Estados Unidos.
Defensores de la privacidad y legisladores demócratas y republicanos han advertido desde hace tiempo que este programa monitorea comunicaciones de estadounidenses sin las garantías adecuadas.
La autorización expira a la medianoche del viernes al sábado, después de que tanto la Cámara de Representantes como el Senado no lograran aprobar el jueves una prórroga a corto plazo.
Estados Unidos coorganiza el Mundial con Canadá y México, y los tres países esperan la visita de aficionados de 48 naciones participantes, en un contexto de guerra y conflictos en Oriente Medio.
El propio presidente de Estados Unidos Donald Trump mencionó el torneo, así como las celebraciones del próximo mes por el 250 aniversario de la independencia del país, para instar al Congreso a mantener vivo el programa.
El director del FBI, Kash Patel, dijo esta semana que prevenir atentados terroristas durante el Mundial es su principal prioridad.
“En el pasado, los extremistas han aprovechado grandes eventos deportivos globales para hacer daño y difundir sus retorcidas ideologías”, dijo en un comunicado.
El FBI trabajará “sin cesar” para garantizar la seguridad de los jugadores, los aficionados y “todos los estadounidenses y visitantes”, explicó.
“Una granada de mano”
Las consecuencias inmediatas de la expiración siguen siendo inciertas, porque las operaciones de vigilancia amparadas en la Sección 702 se autorizan mediante certificaciones anuales aprobadas por un tribunal especial de Vigilancia de Inteligencia Extranjera.
El tribunal aprobó una nueva certificación en marzo, lo que significa que, en teoría, algunas actividades de vigilancia existentes podrían continuar hasta marzo de 2027, incluso sin nuevas medidas del Congreso.
Pero legisladores y expertos en inteligencia advierten que el panorama jurídico es más confuso en la práctica, especialmente si las empresas de telecomunicaciones y tecnología deciden que ya no cuentan con protección legal suficiente para cumplir con las exigencias del gobierno.
Mark Warner, el principal demócrata del Comité de Inteligencia del Senado, dijo que la cuestión nunca se ha puesto realmente a prueba.
“La certificación se extiende hasta marzo, pero lo que creemos (...) es que los proveedores de comunicaciones —las telefónicas, Google y los demás—, si no cuentan con la protección que les otorga la ley, no proporcionarán esta información”, dijo Warner a los periodistas en el Capitolio.
Renovar este programa secreto de espionaje siempre ha despertado recelos del Congreso, pero la incertidumbre actual se intensificó después de que Trump intentara nombrar a un leal pero inexperto funcionario de vivienda como director interino de inteligencia.
Trump propuso finalmente a un fiscal con experiencia, Jay Clayton, para encargarse de la tarea de forma permanente.
Con la Cámara fuera de sesión hasta el 23 de junio y el Senado también abandonando Washington, el Congreso no tiene una vía clara para restaurar la autoridad.
