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Una acusación formal del Distrito Sur de Nueva York señala a Cilia Adela Flores de Maduro, esposa de Nicolás Maduro y primera dama de facto de Venezuela, como parte activa de una extensa red de narcotráfico, corrupción y violencia armada que habría operado durante más de dos décadas con participación de altos jerarcas del régimen venezolano.
La venezolana fue capturada junto con su esposo este 3 de enero en una amplia e inédita operación militar por parte de Estados Unidos en territorio venezolano, desde donde fueron llevados a suelo estadounidense.
El documento, presentado por fiscales federales estadounidenses, sostiene que Flores de Maduro se benefició y participó directamente en conspiraciones para importar cocaína a Estados Unidos, así como en esquemas de sobornos, tráfico de influencias y uso de armas de guerra vinculadas al narcotráfico.
Según el expediente, Flores de Maduro tuvo una larga trayectoria política en Venezuela.
Presidió la Asamblea Nacional entre 2006 y 2011, fue fiscal general entre 2012 y 2013 y, desde 2017, integra la Asamblea Nacional Constituyente. Está casada con Nicolás Maduro desde 2013.
Los fiscales la describen como parte del círculo familiar y político que concentró poder y riqueza mediante el narcotráfico, junto a su esposo y su hijo, el diputado Nicolás Ernesto Maduro Guerra.
Uno de los hechos concretos citados en la acusación se remonta a 2007, cuando Flores de Maduro habría aceptado cientos de miles de dólares en sobornos para facilitar una reunión entre un importante narcotraficante y el entonces director de la Oficina Nacional Antidrogas de Venezuela, Néstor Reverol Torres.
A partir de ese contacto, el expediente indica que el narcotraficante pagó sobornos mensuales a funcionarios venezolanos y hasta $100.000 por cada vuelo cargado con cocaína, con el fin de garantizar su paso seguro. Una parte de esos pagos, según la acusación, habría sido entregada a Flores.
Tráfico de cocaína y uso de grupos armados
El escrito judicial también afirma que entre 2004 y 2015, Flores y Nicolás Maduro trabajaron conjuntamente en el tráfico de cocaína, incluso reutilizando cargamentos previamente incautados por cuerpos de seguridad del Estado.
Para proteger estas operaciones, habrían contado con escoltas militares armadas y con el apoyo de colectivos, grupos progubernamentales señalados por ejercer control territorial y violencia.
La acusación también atribuye a ambos la orden de secuestros, golpizas y asesinatos contra personas que adeudaban dinero o amenazaban la operación criminal, incluido el homicidio de un narcotraficante local en Caracas.
Los fiscales incluyen a Cilia Flores dentro de la estructura conocida como el Cartel de los Soles, una organización que, según Estados Unidos, estaría integrada por altos mandos civiles y militares venezolanos dedicados al narcotráfico internacional.
El expediente sostiene que esta red mantuvo alianzas con grupos armados y organizaciones criminales como las FARC, el ELN y carteles mexicanos, utilizando territorio venezolano como plataforma para el envío de toneladas de cocaína hacia Centroamérica, el Caribe y Estados Unidos.
El documento agrega el caso de dos familiares directos de Flores de Maduro, sus sobrinos, quienes fueron condenados en Estados Unidos por conspirar para importar cocaína.
En grabaciones citadas por los fiscales, ambos afirmaron que buscaban recaudar hasta $20 millones en droga para financiar una campaña electoral vinculada a Flores, en las elecciones legislativas de 2015.
