Mohamed Bouazizi vendió frutas y verduras por última vez en Sidi Bouzid, una pequeña localidad en el centro de Túnez, el 17 de diciembre del 2010. Estaba cansado de la pésima situación económica y de los constantes abusos de la policía, que sin razón alguna le quitó su dinero y su carro de frutas. Desesperado, se prendió fuego...

Encendió no solo su país, sino los estados vecinos del Oriente Medio donde se produjo una serie de protestas, con reivindicaciones políticas, económicas y sociales, que pronto se conocerían como la Primavera Árabe.

Hoy, solo en Túnez sobrevive el espíritu de esas manifestaciones. La excolonia francesa es el único país de la región que puede presumir que la lucha no fue del todo en vano.

Túnez definirá este domingo 13 de octubre quién será el próximo presidente en la segunda vuelta electoral. La disputa será entre Kais Saied, un profesor universitario que propone reformas constitucionales y legales para descentralizar el poder y darle más transparencia al ejercicio de este, y Nabil Karoui, quien había sido detenido a finales de agosto por supuesto lavado de dinero. Quedó en libertad el 9 de octubre por orden del Tribual de Casación.

Ambos encarnan candidaturas que rompen con el tradicionalismo político, por lo cual aportan novedad a este balotaje.

Para el país norafricano, la consecución de la democracia ha sido compleja.

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El suicidio a lo bonzo de Mohamed Bouazizi fue el despertar de una rebelión que sacó de la presidencia a Zine El Abidine Ben Ali, quien se aferraba al poder desde 1987, y huyó a Arabia Saudí, donde murió el 19 de setiembre.

El tránsito de la dictadura al ensayo democrático ha incluido sucesivos gobiernos que no han cumplido con acompañar las reformas políticas con mejoras económicas, por lo cual persisten el descontento popular y el lastre de la dictadura.

Democracia en gestación

En la construcción de su sueño democrático, Túnez ha alcanzado importantes avances. Hasta la fecha, se han celebrado cuatro elecciones libres (dos presidenciales y dos parlamentarias), el país cuenta con la Constitución Política más avanzada de la región y, en general, la población goza de mayores libertades públicas.

El gran triunfo de los tunecinos durante este proceso ha sido el entendimiento político entre seculares e islamistas, con el que se logró encauzar el país hacia el derecho positivo y alejarlo de la sharía (ley islámica).

Sin embargo, el camino hacia la democracia no ha sido fácil tomando en cuenta la profundización de la crisis económica que atraviesa el país desde el 2011, las graves condiciones de precariedad en las que se encuentra sumida parte de la población, la corrupción que carcome el aparato estatal y el constante estado de amenaza por parte del terrorismo yihadista.

Además, el entorno normativo en el que se desenvuelve el país en la actualidad aún responde a la herencia de un complejo proceso de transición y a los todavía arraigados vicios de una dictadura que duró 23 años.

La concentración del poder en manos del presidente de la República, la opaca gestión de varias instituciones como el Ministerio del Interior (encargado del orden público y la seguridad interna) y una cláusula vigente que condiciona la libertad de expresión en cuanto a lo religioso, son obstáculos para la vigencia plena de la democracia.

No obstante, advierte el académico Sergio Moya –especialista en asuntos de Oriente Medio y conocedor cercano del caso de Túnez–, a pesar de que el país no se ha liberado por completo de ciertas prácticas del régimen anterior, los avances en pro de la democracia pueden llevar a buen puerto al país norafricano.

Claroscuros

De los esperanzados tunecinos, que miraban con orgullo la instauración del régimen democrático fruto de la revuelta del 2011, no quedan muchos. El 80% piensa que el país no va en la dirección correcta y más de la mitad de la población se siente insatisfecha con la manera en la que se está desarrollando la democracia.

El descontento generalizado se debe a la incapacidad de las autoridades de acompañar los avances políticos con mejoras económicas para la población. Desde el 2011, se han agravado varios indicadores económicos, como la tasa de desempleo, que este año se coloca en el 15,3% y es el doble en el caso de los jóvenes –quienes más esperanza tenían en la revolución–; la inflación que supera el 7% y la caída del dinar (moneda nacional) de un 40% frente al euro desde aquel año, lo que ha elevado los precios del combustible y los bienes de consumo.

La creciente disconformidad de la población se da principalmente en las zonas marginadas del interior donde han golpeado con mayor fuerza las medidas de austeridad que implementó el gobierno desde el 2017, las cuales significaron el despido de miles de funcionarios y el aumento de los impuestos, para hacer frente a los préstamos internacionales que ascienden a $3.000 millones.

Hay otra amenaza que se cierne sobre el futuro de la democracia: la arremetida del terrorismo islamista, que emprendió una serie de atentados terroristas entre el 2012 y 2015.

Esos ataques impactaron significativamente el sector turístico tunecino, del que dependen más de 400.000 personas y el cual significa el 7% del producto interno bruto (PIB).

Como consecuencia del brote extremista, en el 2015 se modificó la legislación antiterrorista, la cual concede amplios poderes a los cuerpos de seguridad. La ley ha despertado viejos fantasmas en los tunecinos que temen, debido a recientes abusos, que el Estado vuelva a caer en los errores del pasado de encarcelar y hostigar al creyente conservador.

Durante los últimos años, las fuerzas de seguridad han aumentado la represión al violentar lugares de culto en busca de evidencias y para realizar arrestos aleatorios. Los insultos y las humillaciones son frecuentes, así como las confesiones sin abogado y el erróneo manejo de las pruebas.

Organizaciones como Amnistía Internacional (AI) y la Organización Contra la Tortura en Túnez (OCTT), denuncian que la tortura sigue estando institucionalizada en las fuerzas de seguridad ya que entre el 2011 y el 2015 hubo seis muertes bajo custodia policial y en el 2017 se registraron 80 casos en los que se dieron estas prácticas.

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En consecuencia, la relación entre el ciudadano y las fuerzas policiales es malsana. La gente, en general, teme cuando la detiene un policía y gran parte piensa que Túnez se ha vuelto un nuevo Estado policial, producto de que el país no ha reformado el Ministerio del Interior, que concentraba toda la maquinaria de control y represión de la sociedad durante el antiguo régimen.

El yihadismo tunecino

Durante los años de la dictadura, los diversos problemas económicos y sociales, así como la restricción del pensamiento crítico, sirvieron de caldo de cultivo para la difusión y enraizamiento del yihadismo, una corriente radical del pensamiento islámico - salafista que se ha extendido en la región.

Los yihadistas pretenden erradicar los obstáculos que impidan restaurar el gobierno de Dios en la tierra por lo cual combaten tanto a quienes profesan otras religiones como a los musulmanes que, desde su punto de vista, son “herejes” (por ejemplo, los chiitas).

Su interpretación del Islam es violenta, lo cual justifica el terrorismo y otras acciones de hechos como parte de la yihad (guerra santa).

Túnez, que es el mayor “exportador” de combatientes yihadistas del mundo hacia sitios de conflicto como Siria, el país enfrenta una crisis de terrorismo intramuros. Prueba de ello, fueron los oscuros años del 2012 al 2015, donde el país se vio flagelado por constantes ataques terroristas que pusieron al sector turístico de rodillas y sumieron a la sociedad en el horror.

La amnistía a los presos políticos en el 2011 permitió el surgimiento de grupos yihadistas como Ansar al –sharía, cuyos líderes salieron de prisión con el propósito de reclutar adeptos. El desarrollo de este grupo terrorista comenzó con la mampara de ser una organización religiosa caritativa hasta que, tras ser ilegalizada en el 2013, comenzó con su etapa más violenta durante la cual sus integrantes perpetuaron atentados terroristas de gran magnitud.

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A pesar de que los ataques han disminuido con respecto a años anteriores, Túnez sigue bajo un estado de amenaza pues la estrategia de los yihadistas es atacar el desarrollo económico y, de esta manera, minar la transición democrática.

Retos

El devenir de la democracia tunecina depende de múltiples factores que actualmente dificultan la transición. El desempleo y la inflación crean un clima de descontento entre la población al tiempo que aumentan la pérdida de esperanza en el régimen democrático, situación que se reflejó en el repunte del abstencionismo en las elecciones presidenciales, que pasó de un 37,09% en el 2014 a un 54,98% este año, en la primera vuelta electoral.

Por otra parte, el movimiento yihadista constituye un problema importante para el país norteafricano. Durante los últimos años, miles de combatientes tunecinos han partido a zonas de conflicto y alrededor de 800 han regresado, lo que supone una amenaza, teniendo en cuenta que pueden constituir un eslabón clave en la radicalización de los sectores más vulnerables de la población (por lo general, los más pobres).

El país tendrá que lidiar además con la inestabilidad de sus vecinos regionales, especialmente de Libia y Argelia. Las porosas fronteras de ambas naciones permiten el fácil acceso de terroristas que se camuflan entre la gran cantidad de desplazados que huyen de sus convulsas tierras natales.

Esta joven democracia también deberá superar la tarea de fortalecer a un Estado históricamente lastrado por la lentitud, ineficacia y corrupción.