AFP. 27 febrero
La reforma a la ley de Concertación Tributaria fue aprobada con 69 votos a favor y 15 en contra. Foto: La Prensa de Nicaragua
La reforma a la ley de Concertación Tributaria fue aprobada con 69 votos a favor y 15 en contra. Foto: La Prensa de Nicaragua

Managua. El Parlamento de Nicaragua, de mayoría oficialista, aprobó este miércoles una cuestionada reforma fiscal que aumentará los impuestos a numerosos productos, con el propósito de cubrir el déficit financiero que enfrenta el gobierno de Daniel Ortega, en medio de una grave crisis política y económica.

La reforma a la ley de Concertación Tributaria fue aprobada con 69 votos a favor y 15 en contra, indicó el gobierno en su sitio de Internet.

La iniciativa “busca la recaudación de más de 10.000 millones de córdobas (más de $300 millones)”, explicó el diputado oficialista Wálmaro Gutiérrez, presidente de la Comisión Económica del Parlamento.

El proyecto fue aprobado pese a las críticas de diversos sectores, principalmente el privado, por el impacto negativo que a su juicio tendrá sobre la economía, en recesión desde el año pasado debido a la crisis desatada por la represión a las protestas antigubernamentales.

La aprobación del texto se dio en paralelo al comienzo de un nuevo ciclo de negociaciones entre el gobierno y la oposición para buscar salida a la crisis política.

"Cuando una economía viene en picada no se sube la carga tributaria a su pueblo porque ocasionará más desempleo y encarece la vida de la gente", anotó el diputado de la derecha conservadora Alfredo Cesar, durante la sesión legislativa.

Según el gobierno, las protestas antigubernamentales causaron el año pasado pérdidas económicas por $1.255 millones y la salida de 130.000 contribuyentes del seguro social.

La reforma contempla un aumento del impuesto sobre la renta de grandes empresas del 1% actual a entre 2% y 3%.

El sector privado advirtió que el incremento tributario pone el riesgo la operación de empresas y podría costar miles de empleos.

Las protestas estallaron el 18 de abril contra una reforma al seguro social, que luego se transformó en una demanda de salida del gobierno de Ortega. La represión dejó 325 muertos, cientos de detenidos y miles de exiliados.