Gerardo Ruiz R.. 18 abril
Ottón Solís (de sombrero) espera que la posición de los futuros diputados del PUSC y del PLN no tenga como objetivo provocar un daño a la futura administración del presidente Carlos Alvarado (al fondo). Foto: Gesline Anrango
Ottón Solís (de sombrero) espera que la posición de los futuros diputados del PUSC y del PLN no tenga como objetivo provocar un daño a la futura administración del presidente Carlos Alvarado (al fondo). Foto: Gesline Anrango

El diputado del PAC, Ottón Solís Fallas, condenó la iniciativa de las futuras fracciones legislativas de la Unidad Social Cristiana (PUSC) y de Liberación Nacional (PLN) de suspender el trámite del proyecto de reforma tributaria, con el que el Gobierno pretender evitar un descalabro de las finanzas públicas.

"Bajo esa misma política, si hubiera trámites para dejar casi listo un puente o una carretera, el nuevo Ministerio de Obras Públicas y Transportes debería de decir 'no, vamos a empezar de cero'. El estado es uno y es continuo. Son nuevas excusas, como las que vienen dando desde hace meses para no entrarle al tema", lamentó el oficialista, quien ha sido hombre cercano del presidente electo, Carlos Alvarado, defensor del proyecto.

Si bien reconoció que la actual administración erró al postergar por dos años la situación fiscal, Solís dijo que durante los últimos dos años fue el Parlamento el que le puso peros al asunto.

"Son excusas tras excusas para no dar el paso y votar por el populismo y la demagogia, porque es un tema impopular y hay políticos que piensan en su popularidad y no en el país", condenó.

La futura bancada legislativa del PLN está negociando un acuerdo para modificar el trámite de vía rápida que se le aplicó al proyecto de Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, a fin de devolver la iniciativa a comisión, de manera que los próximos diputados puedan hacerle cambios.

En tanto, el próximo equipo de diputados del PUSC opina que, si los actuales legisladores dejan listo el proyecto para su primer debate, se les violaría a los nuevos su derecho de enmienda.

Ottón Solís manifestó su confianza en que la posición demostrada por el PUSC y el PLN no tenga como fin perjudicar desde el arranque a la administración Alvarado Quesada.

"Yo lo digo con la autoridad moral de que, estando en oposición a un partido que me ha atacado mucho, como Liberación Nacional, negocié con doña Laura Chinchilla una cosa (plan fiscal) muy impopular y con la autoridad moral de que presenté mociones para este proyecto actual muy duras, en noviembre y diciembre (del año pasado) cuando no había ninguna posibilidad de que ganáramos. Mi empuje del tema fiscal no lo he hecho desde la política partidaria, sino, con la bandera nacional", dijo.

Ottón Solís agregó que no se hubiera esperado una posición como la que manifestaron los futuros diputados del PLN y del PUSC.

"Son partidos que han gobernado y entienden la situación que tenemos. Estamos destinando ¢1,2 billones a pagar intereses de la deuda interna y, entonces, hay que arreglar esto. El condicionamiento de algunos líderes de esos partidos es que el proyecto de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas es muy leve ¿y ahora ni siquiera eso quieren?", les discutió.

"Claro que es impopular, todo lo que tiene que ver con impuestos y recorte de gastos es impopular, pero entonces, ¿qué hacemos, lo correcto o lo popular?", zanjó.

Ottón Solís adelantó que, de no aprobarse la reforma fiscal, aumentarán la inflación, la devaluación del colón y las tasas de interés, además de que el futuro Gobierno enfrentará peores problemas de liquidez, y el país se expondría a que los organismos financieros internacionales pongan condiciones que desagradarían al país, pero sobre todo, a las clases más vulnerables de la sociedad.

Actualmente, el proyecto fiscal está en la etapa de presentación de mociones de fondo, para lo cual se abrirán dos sesiones de plenario, una se "quemó" este miércoles por la mañana y la otra se celebrará el jueves por la tarde.

Dicha propuesta, preparada por el Ministerio de Hacienda y puesta a despacho en setiembre pasado, impactaría el déficit fiscal en un 1,9% del PIB, poco más de ¢660.000 millones. A diciembre pasado, la brecha entre ingresos y gastos del Gobierno Central superó el 6% del PIB, es decir, superó los ¢2 billones.