Managua. Dos misiones de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) fueron expulsadas este miércoles por el Gobierno de Nicaragua, que las acusó de “injerencista” y de ser parcializadas en su evaluación de la situación del país.

“Le comunico la suspensión temporal de la presencia y visita de la CIDH y del Mecanismo de Seguimiento Especial para Nicaragua (Mseni) hasta que se restablezcan las condiciones de respeto a la soberanía y asuntos internos”, señaló una carta dirigida al secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro.

El gobierno también ordenó la salida “inmediata” del Grupo Interdisciplinario Especial de Investigación (GIEI), creado por la CIDH para evaluar la situación de derechos humanos en el país.

Los integrantes de las misiones anunciaron que abandonarán el país este jueves.

Los expertos fueron citados en la Cancillería y acusados de divulgar información falsa.“Nos pidieron que abandonáramos el país inmediatamente y esperamos que nuestra sede en Washington, se encargue de la logística para irnos”, dijo Ana María Tello, coordinadora del Meseni, en rueda de prensa.

La orden se dictó un día antes de que la GIEI presentara un informe sobre la situación de derechos humanos en Nicaragua en las primeras semanas de las protestas contra el gobierno de Ortega.

La carta, leída por el canciller, Denis Moncada, en presencia de los delegados del Meseni y el GIEI, acusa a las dos entidades de “falta de imparcialidad y objetividad” y de mostrar “una actitud injerencista, intervencionista, haciéndose eco de las políticas del Gobierno de Estados Unidos en contra de Nicaragua”.

Moncada consideró que ambos equipos violaron su protocolo de actuación, rompieron lo acordado con el gobierno y violentaron la Constitución de Nicaragua.

El gobierno de Ortega también acusó a Almagro de participar en una “escalada criminal, injerencista y de promover acciones terroristas” en contra del país, al llamar a la comunidad internacional a “asfixiar a la dictadura que se viene instalando” en Nicaragua.

Aseguró en la carta que el secretario de la OEA impulsa “una campaña irresponsable, infame y calumniosa, en contra de Cuba, Venezuela y Nicaragua”.

Razón de las misiones

El Meseni y el GIEI se instalaron en Nicaragua el 24 de junio y el 3 de julio, respectivamente, tras acuerdos alcanzados con la Organización de Estados Americanos (OEA), y han documentado denuncias sobre violaciones a derechos humanos.

El GIEI, cuya misión era coadyuvar y apoyar las investigaciones de los hechos violentos acaecidos entre el 18 de abril y 30 de mayo, actuó al margen de lo establecido en los acuerdos al realizar entrevistas directas con las víctimas, argumentó la Cancillería.

“Los actos de investigación para el esclarecimiento de los hechos penales son de exclusiva competencia” de la Policía y la Fiscalía, alegó el Gobierno.

El coordinador del GIEI, el italiano Amerigo Incalcaterra, negó los señalamientos de que no colaboró con las tareas para las cuales fue invitado."Estamos viendo adónde ir y organizando la salida", manifestó, tras agregar que salen el jueves “porque hoy (miércoles) no hay vuelos”.

”Se nos ha recomendado no presentar el informe" del GIEI sobre derechos humanos en Nicaragua, agregó.

“La decisión de expulsar al GIEI es unilateral. No ha habido comunicación que nos indique que trabajemos de esta forma u de otra. Tuvimos 12 reuniones al inicio de nuestro trabajo y de ahí en adelante no hubo nunca más respuesta a las más de 70 comunicaciones que les enviamos solicitando información”, aseveró Incalcaterra.

Ana María Tello reafirmó que el Mesei entidad va a continuar monitoreando la situación de derechos humanos en Nicaragua desde Washington. “Todo este equipo está comprometido muy fuertemente con los derechos humanos, pero especialmente con la verdad, la justicia y la garantía de no repetición” de los hechos, agregó.

La tarea del Meseni era monitorear sobre el terreno el estado de los derechos humanos, así como dar seguimiento a las recomendaciones formuladas por la CIDH en sus informes y en las medidas cautelares, así como apoyar las capacidades de la sociedad civil.

En un comunicado, la Comisión lamentó la medida del gobierno de Ortega y recalcó que la situación en Nicaragua seguirá siendo prioridad.

Por su lado, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), una ONG regional, condenó duramente la decisión. A juicio de esta organización, los expertos de los dos grupos que investigaban desde hace meses en el país “se enfrentaron a un Estado que obstaculizó y boicoteó el ejercicio de su labor, al cerrar todos los espacios de diálogo y monitoreo, y al negarles el acceso a información imprescindible para cumplir con sus mandatos” .

La expulsión de las organizaciones se da en momentos en que el gobierno de Ortega canceló la personería jurídica de organismos locales de derechos humanos y allanó sus sedes y las de medios de prensa independientes.

En setiembre, el gobierno también expulsó a la misión de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), tras señalar que un informe sobre la situación de derechos humanos fue parcializado, subjetivo y se extralimitó en sus competencias.

Las protestas antigubernamentales explotaron en abril cuando el Gobierno impuso una reforma al sistema de seguridad social. Ante la violenta represión de las autoridades, se transformaron en un movimiento que exigía la renuncia del presidente Ortega Ortega y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo. Tambi´pen demandaba el adelanto de las elecciones presidenciales, previstas para el 2021.

De acuerdo con un informe de la CIDH se registraron al menos 325 muertes, 24 de las cuales correspondían a menores.