En mes y medio de permanencia en el país “no hemos tenido acceso” a los expedientes de las investigaciones, causas penales y plan de reparación a las víctimas de la violencia, dijeron en rueda de prensa los miembros del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI)
El grupo que coordina el italiano Amerigo Incalcaterra aseguró en un comunicado que ha solicitado de forma verbal y escrita la información sobre las muertes y causas penales a la Cancillería, el Poder Judicial, la Fiscalía y Pa policía, sin recibir respuesta hasta la fecha.
El organismo, autónomo pero con vínculo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), instó al gobierno para que disponga a la brevedad y “sin condiciones” el acceso a esa información sin la cual su “tarea se ve seriamente limitada”.
El mandato del GIEI, por un período de seis meses a partir del 1.° de julio, tiene como objetivo trabajar con las autoridades involucradas en el proceso de investigar los hechos ocurridos entre el 18 de abril y el 30 mayo.
En el período en estudio se estima que murieron “alrededor” de 100 personas, según la información preliminar que conoce el organismo.
Al GIEI no le corresponde investigar, sino hacer recomendaciones y aportar su experticia para aclarar "qué pasó, por qué se dieron esos hechos y quienes son los responsables", explicó Incalcaterra.
La guatemalteca Claudia Paz consideró "urgente" disponer la información de parte del gobierno porque "hay un período que se vence en seis meses y ya ha transcurrido mes y medio".
No obstante, "si no se comparte la (investigación oficial) quedamos con una pata floja de la mesa que trataremos de llenar con otro tipo de información", aclaró Incalcaterra.
La presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Vilma Núñez, consideró que la falta de colaboración del gobierno es para que nada se aclare.
Las autoridades no tienen ningún expediente de las muertes "porque no han hecho ninguna investigación de los crímenes que ellos mismos han cometido. Lo que quieren es que todo esto quede en la impunidad", explicó Núñez.
El Gobierno nicaragüense accedió a la creación del GIEI en momentos de una elevada violencia desatada por las protestas por una reforma al sistema de pensiones y que devino en una demanda para la salida del presidente Daniel Ortega, tras 11 años en el poder.
El exguerrillero, de 72 años, es acusado por opositores de corrupción, nepotismo y de instaurar una dictadura junto con su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, hechos que Ortega niega.
En el país también está actuando el Mecanismo de Seguimiento Especial para Nicaragua (Meseni), que se desplegó el 24 de junio y ha elaborado dos informes con los hechos ocurridos a partir de esa fecha y según la cual reporta 317 muertes desde que estallaron las protestas.
“No son bienvenidos a nuestro país; por lo tanto, no serán recibidos en nuestro suelo Patrio”, declaró el gobierno de Ortega sobre el Grupo de Trabajo 12 integrado por doce países miembros de la OEA.
Esta entidad, calificada como una injerencia por el gobierno, fue creado para contribuir a la búsqueda de una solución a la crisis en el país.
