Hace un año, Líbano era escenario de grandes protestas contra la corrupción, contra las élites políticas a las cuales responsabilizaban por los graves problemas del país. También eran manifestaciones de hastío contra la degradación de servicios públicos como la electricidad y el agua.

Un año después, ninguno de esos reclamos ha desaparecido. Más bien, el panorama se agravó con la gigantesca explosión que destruyó el puerto de Beirut -el 4 de agosto- y puso más al descubierto la corrupción y la negligencia de las autoridades. La tragedia dejó al menos 220 muertos y, sobre todo, un sentimiento de rabia entre la población.

Entre las víctimas está el gobierno, obligado a dimitir en medio de graves cuestionamientos sobre cómo nadie hizo nada para evitar una desgracia anunciada cuando en las esferas del poder se sabía que 2.750 toneladas de nitrato de amonio yacían almacenadas en un depósito del puerto, sin las debidas precauciones.

En este momento, el País del Cedro continúa sin gobierno, urgido de ayuda internacional para hacer frente a la reconstrucción del área portuaria, indispensable por ser la única puerta al comercio exterior, y presionado desde el extranjero para que acometa reformas políticas y económicas profundas.

La punta de lanza para que la clase política se comprometa a tales cambios la ha llevado el presidente francés, Emmanuel Macron, cuyo país -antigua potencia colonial que ayudó a moldear el Estado nacional de Líbano- mantiene una gran influencia allí.

“Es la última oportunidad para el sistema” libanés, advirtió en su segunda visita a Beirut, el 1° de setiembre.

Mas del dicho al hecho casi siempre hay un gran trecho y en ese país el recorrido no está garantizado. Hay una pregunta clave: ¿están las élites políticas dispuestas reinventar el sistema que, durante décadas, les ha dado la razón de ser?

Confesionalismo y poder

Una reforma política profunda pasa por hincarle el diente al particular sistema con base confesional imperante en Líbano inclusive antes de que este accediera a la independencia en 1943.

Un censo realizado en 1932 estableció las cuotas de poder para las principales comunidades religiosas y así se han mantenido. Hasta ahora, no ha habido ningún esfuerzo serio por introducir cambios. Es más, ni siquiera se ha hecho otro censo.

Así, por ejemplo, los diputados se consideran representantes de los grupos religiosos y no tanto de los partidos que los presentaron a las elecciones. Dicho de otra manera, el sistema de partidos es frágil y a menudo más que listas partidarias lo que se postulan son nóminas de candidatos.

Por otra parte, al interior de las comunidades confesionales hay agrupaciones que muchas veces pujan por lograr la hegemonía.

“Cuanto más convencida está la mayoría de los integrantes de una comunidad religiosa de la necesidad de aglutinarse para defender las prerrogativas adquiridas, para reclamar ‘derechos perdidos’ o incluso para reivindicar una participación más amplia en el poder, más constituye un terreno abonado para el auge de las tendencias hegemónicas de las élites emergentes”, explica Ziad Majed, quien en el 2016 se desempeñaba como profesor asociado de Estudios de Oriente Medio en la Universidad Americana de París.

Y en el afán de imponerse -agrega-, los dirigentes recurren al clientelismo para erigirse como fuerza “prestataria de servicios para mantener una red de relaciones de la que se servirá para aumentar su base electoral o de partidarios fieles, y para defender sus intereses”.

Desmontar el sistema confesional para optar por un Estado laico, como lo propuso recientemente el presidente Michel Aoun, implica afectar intereses muy arraigados. Para el jefe de Estado, “solo un Estado laico es capaz de proteger el pluralismo, preservarlo transformándolo en verdadera unidad”.

Ese clientelismo explica en mucho la corrupción que la población denuncia y el inmovilismo cuyo fin se ha demandado en las calles.

Antonio Barrios Oviedo, académico costarricense experto en el análisis de conflictos en Oriente Medio, señala “el sistema multipartidista regido por un marco confesional muy profundo” como uno de los grandes problemas de Líbano.

“La posibilidad de una reforma política que logre un consenso para mejorar la economía y la situación política para hacer el país más gobernable, la veo muy complicada”, añade.

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En un artículo titulado Crisis existencial en Líbano, publicado en el 2016, Majed sentencia: “Podríamos concluir que el sistema libanés ya no es capaz de dirigir el país (...) la relación de fuerzas políticas y el apego de los principales actores del país por el confesionalismo podrían llevarnos a concluir que, hoy en día, cualquier reforma radical es difícil, por no decir imposible”.

Hay otro factor que complica la búsqueda de un consenso político: Hezbolá.

Este, que surgió como un grupo armado para lucha contra la invasión israelí al sur de Líbano, a principios de los 1980, terminó consolidándose como una fuerza paramilitar más poderosa que el Ejército del país. Es la única facción que rehusó dejar las armas tras el fin de la guerra civil (1975-1990).

Hezbolá, calificado por la Unión Europea, Estados Unidos e Israel como una organización terrorista, representa un Estado dentro de otro en Líbano y no duda en recurrir a las armas sea para enfrentarse contra rivales internos o para actuar contra el Estado hebreo o en apoyo del régimen de Bashar al Asad en Siria.

Injerencia externa

La política interior libanesa también se complica por la relación entre el confesionalismo comunitario y “padrinos” en el exterior.

Así, Hezbolá tiene una estrecha identificación con Irán y actúa como peón de este en Siria, donde ha combatido en respaldo al gobierno, mientras que Arabia Saudí -enemigo regional de Teherán- apoya a la comunidad sunita de Líbano, que por mandato constitucional detenta la jefatura del Gobierno en Beirut.

En la danza por inmiscuirse en los asuntos libaneses también intervienen Francia -que administró el país bajo el mandato de la Sociedad de Naciones entre 1920 y 1943-, Estados Unidos, que sigue de cerca lo que acontece en Siria y lo que hace Irán, e Israel con la mira puesta en Hezbolá, Siria e Irán.

Ziad Majed puntualiza: “Las partes extranjeras se han convertido así en un elemento de presión sobre el modelo libanés, ya que cada una de ellas trata de imponerse mediante sus alianzas en las instituciones del Estado, o por lo menos intenta impedir que los demás se impongan en ellas”.

Desplome económico

La otra vertiente de la grave crisis en Líbano toca la economía y se profundizó con la explosión en Beirut, toda vez que esta destruyó infraestructura vital y única para la importación y exportación. Según el presidente Aoun, los daños representan $15.000 millones.

Además, de un día para otro al menos 300.000 personas quedaron sin hogar, justo en momentos en que la población sufre el embate del desempleo (25% al inicio de año) y la inflación alcanzó el 150% entre abril y junio.

En el presente, 50% de los 7 millones de libaneses vive en condición de pobreza y de ellos 20% en extrema pobreza.

Como si fuera poco, la enorme dependencia del país de la importación de productos básicos repercute en el bolsillo: en los últimos meses, los precios de los alimentos subieron 60%, en buena parte por la depreciación de más de 80% de la libra libanesa.

Y es que conforme la economía continuó desplomándose, el Banco Central se endeudaba con la banca comercial para sostener el tipo de cambio fijo en relación con el dólar, pero en el mercado negro la realidad fue otra.

Otros indicadores muestran el mal momento: la deuda pública de $92.000 millones representa 170% del producto interno bruto (PIB), una obligación que Líbano se declaró incapaz en marzo.

El 2019 cerró con una caída de 5,3% del PIB.

Antonio Barrios resume así el panorama de Líbano: "Hay una desazón, hay una incertidumbre terrible: la corrupción, el sistema de salud está colapsado, no hay nada de inversión, hay problemas con servicios públicos como la electricidad...