EscucharWashington. El expresidente de El Salvador Elías Antonio Saca, cuyo juicio por desvío de fondos públicos comienza en agosto, debería ser sentenciado antes de noviembre, pues vence el plazo de su prisión preventiva y podría ser puesto en libertad, advirtió el jueves en Washington el fiscal general salvadoreño, Douglas Meléndez.
La primera audiencia del juicio a Saca, que gobernó entre 2004 y 2009, será el 7 de agosto y debería concluir antes de noviembre, afirmó Meléndez, en declaraciones a periodistas en Washington tras dar una conferencia sobre la lucha contra la corrupción y la impunidad en el Wilson Center.
“Si a esa fecha no hay sentencia, Saca podría ser puesto en libertad porque se cumple el plazo de dos años de prisión preventiva. Esa es la premura o preocupación que tenemos de que tiene que ser resuelto ese caso”, explicó.
Saca, de 53 años, fue detenido el 30 de octubre de 2016 y está recluido junto a sus colaboradores en un centro penal en el norte de San Salvador.
Meléndez advirtió que la defensa del expresidente seguramente interponga recursos dilatorios, pero aseguró que existe evidencia para condenarlo. De ser hallado culpable, podría recibir hasta 25 años de cárcel.
“Para la fiscalía hay pruebas suficientes y debiera ser condenado”, dijo Meléndez.
La Fiscalía presentó el 9 de julio nuevas pruebas contra Saca, quien afrontará un juicio por los delitos de peculado -se le acusa de malversar 301 millones de dólares durante su gestión-, lavado de dinero y agrupaciones ilícitas.
El político de derecha es uno de los tres expresidentes que gobernaron El Salvador entre 1999 y 2014 procesados por delitos de corrupción.
El primero en ser llevado a la justicia, por el desvío de 15 millones de dólares donados por Taiwán para los damnificados de los terremotos de 2001, fue el presidente Francisco Flores (1999-2004), quien el 30 de enero de 2016 murió de un derrame cerebral mientras cumplía arresto domiciliario.
En la lista también figura Mauricio Funes (2009-2014), actualmente asilado en Nicaragua, quien en noviembre de 2017 fue declarado culpable de enriquecimiento ilícito. El expresidente de izquierda es acusado de desviar 351 millones de dólares durante su gobierno.
Junto a Saca, serán enjuiciados su exsecretario privado Elmer Charlaix; el exsecretario de Comunicaciones Julio Rank; el expresidente de la empresa estatal de Aguas César Funes; y los colaboradores Francisco Rodríguez, Pablo Gómez y Jorge Alberto Herrera.
