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São Paulo, Brasil. La Fiscalía brasileña acusó de nuevo este lunes al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, preso en Curitiba, por lavado de dinero al intermediar en un negocio en Guinea Ecuatorial, informó el Ministerio Público en São Paulo.
“Según la denuncia, utilizando su prestigio internacional, Lula influyó en decisiones del presidente de Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang, que resultaron en la ampliación de negocios del grupo brasileño ARG en ese país africano”, explicó el comunicado de los procuradores encargados de la operación anticorrupción Lava Jato.
A cambio, la Fiscalía de São Paulo afirma que el exmandatario, quien gobernó Brasil entre el 2003 y el 2010, habría recibido un millón de reales ($263.000 al cambio actual) “disimulados” como donaciones para el Instituto Lula entre setiembre del 2011 y junio del 2012.
El Instituto Lula, por su lado, negó las acusaciones. “Todas las donaciones al Instituto Lula son legales, declaradas, registradas, pagaron los debidos impuestos, fueron usadas en las actividades del Instituto y nunca tuvieron ningún tipo de contrapartida”, señaló en un breve comunicado difundido este lunes.
La defensa del expresidente calificó la acusación de “un duro golpe al Estado de derecho porque subvierte la ley y los hechos para fabricar una acusación y dar continuidad a una persecución política sin precedentes por la vía judicial”.
En una nota oficial, su abogado Cristiano Zanin Martins también dijo que espera que la Justicia rechace la denuncia.
La Fiscalía también denunció al funcionario del Grupo ARG Rodolfo Giannetti Geo por lavado de dinero y tráfico de influencia en una transacción comercial internacional. El exmandatario, al tener más de 70 años, no fue acusado de este último crimen.
De acuerdo con la acusación, “Rodolfo Giannetti Geo buscó al expresidente para que mediara con el mandatario Teodoro Obiang para que su gobierno continuase realizando transacciones comerciales con el Grupo ARG, especialmente en la construcción de carreteras”.
El Ministerio Público dice que correos electrónicos encontrados en computadores del Instituto Lula, confiscados en marzo del 2016 en una de las fases de la operación Lava Jato, sustentan la denuncia.
El Grupo ARG aún no se ha pronunciado.
Preso desde el 7 de abril, Lula cumple en la sede de la Policía Federal de Curitiba una condena de 12 años y un mes por corrupción pasiva y lavado de dinero, acusado de haber recibido un apartamento en el litoral de São Paulo a cambio de favorecer constructoras en contratos con la estatal Petrobras.
El expresidente, de 73 años, es investigado en otros cinco procesos ante la Justicia brasileña. El icono de la izquierda latinoamericana se declara inocente en todos y víctima de una persecución política y judicial.
