Lima. El escándalo de la constructora brasileña Odebrecht en Perú, que salpica a cuatro expresidentes, cobró nuevos bríos con las revelaciones sobre pagos ilegales en contratos hasta ahora no incluidos en las investigaciones de la fiscalía, aunque la empresa lo niega.

Los nuevos casos, que incluyen pagos ilegales en la construcción de un gasoducto durante el gobierno de Ollanta Humala, se suman a la denuncia de un fiscal contra un colega de haber supuestamente facilitado la fuga del país del exmandatario Alejandro Toledo.

Un portal de periodismo de investigación que filtra informes sobre el caso Odebrecht publicó “planillas” de “pagos ilegales” de la brasileña en 11 contratos “que hasta ahora no habían sido siquiera mencionados en los acuerdos de confesión o de indemnización” entre la empresa y la fiscalía peruana.

Son “registros de más de 45 pagos vinculados a nuestro país, por más de $10 millones. Son pagos ilegales a beneficiarios finales asociados a once proyectos públicos”, según el portal IDL-Reporteros, que dirige el periodista Gustavo Gorriti.

La compañía brasileña reaccionó tras la difusión de estas planillas en el portal peruano y aseguró que había proporcionado toda la documentación a los fiscales que investigan el caso.

“Todos los documentos y testimonios sobre hechos ocurridos en el pasado (...) están desde hace tres años en manos del Ministerio Público de Brasil y del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Es decir, están disponibles para los países que celebraron acuerdos de clemencia con Odebrecht y los homologaron”, dijo la constructora en una comunicación enviada a la AFP en Río de Janeiro.

La empresa agregó que este es un “proceso judicial adoptado internacionalmente”, que “establece la confidencialidad de la información con el objetivo de resguardar los avances de las investigaciones, respetando la soberanía de cada país y buscando la eficacia de las acciones legales contra los acusados”.

Según IDL-Reporteros, “las planillas provenían, obviamente, del Sector de Operaciones Estructuradas de Odebrecht”, donde eran registrados los pagos ilegales, como sobornos o aportes a campañas electorales.

“No había la seguridad de que todos los pagos fueran sobornos, pero sí que todos ellos eran ilegales, clandestinos, producto de lavado de dinero” y casi todos se hicieron “antes del arresto de Marcelo Odebrecht en 2015”, dijo el portal.

IDL-Reporteros indicó que “en todos los casos, los receptores del dinero figuran con ‘codinomes’ (nombres en código) en estas planillas”.

Las planillas registran pagos a personas apodadas como Disco US$ 400.000, Princesa US$ 900.000, Gaza US$ 430.000, Magali US$ 450.000, French US$ 500.000, Novatos US$ 200.000, Magneto US$ 40.000, etc.

Tres millones de dólares pagados están ligados al contrato de construcción de un gasoducto que va desde la selva al mar, cruzando los Andes.

“Hasta hoy, Odebrecht no había reconocido el pago de sobornos (u otros pagos ilegales) en el proyecto del Gasoducto del Sur”, contrato “por más de $7.000 millones durante el gobierno de Ollanta Humala”, dijo el portal.

“Hubo 19 pagos a diferentes codinomes vinculados con ese proyecto entre el 15 de abril y el 12 de noviembre de 2014, por una suma total de más de 3 millones 200 mil dólares”, añadió.

El expresidente Humala y su esposa Nadine Heredia estuvieron nueve meses en prisión preventiva acusados de recibir aportes ilegales de campaña de Odebrecht.

Algunas de las otras transacciones están ligadas a las obras de una línea de metro en Lima, una autopista costera, una ruta suburbana en la ciudad andina del Cusco y una carretera amazónica entre Perú y Brasil.

“Lo notable en este caso es que casi todas las transacciones registradas en las planillas filtradas no figuraban en las confesiones ni en las delaciones premiadas de Odebrecht, ni en Brasil, ni en Estados Unidos, ni tampoco en Perú”, destacó ILD-Reporteros.

Fuertes efectos

Después de Brasil, Perú ha sido el país más sacudido por el escándalo de Odebrecht. Las investigaciones de la fiscalía condujeron a la renuncia del presidente Pedro Pablo Kuczynski en marzo de 2018 y al suicidio del exmandatario Alan García en abril de 2019.

Kuczynski está con prisión domiciliaria y Toledo enfrenta un pedido de extradición desde Estados Unidos. También están en prisión preventiva la opositora Keiko Fujimori, la exalcaldesa limeña Susana Villarán y una decena de exfuncionarios.

A las nuevas revelaciones sobre pagos ilegales se suman las declaraciones del fiscal José Domingo Pérez, quien afirmó en un programa de televisión que la “inactividad” de un colega suyo, Hamilton Castro, facilitó la fuga de Toledo a Estados Unidos a inicios de 2017.

Pérez es el miembro más prominente del equipo de la fiscalía que investiga el caso Odebrecht.

Castro se defendió el jueves: “No ha habido ninguna inactividad de parte mía y de ningún fiscal que estuvo bajo mi dirección", dijo a la prensa.

“No sé cuales son las motivaciones del señor Pérez, pero yo creo que debería estar abocado a los casos que tiene a su cargo”, agregó.