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Panamá. El pleno de la Corte Suprema de Justicia de Panamá declinó ser competente para juzgar al expresidente Ricardo Martinelli, cuyo proceso continuará ahora ante el nuevo sistema penal acusatorio de la Justicia ordinaria.
El Órgano Judicial informó en un comunicado de que con una votación mayoritaria de siete a dos, los magistrados concedieron un amparo de garantías presentado a favor de Martinelli y que, por tanto, declinaba la competencia para juzgar al exgobernante en el caso que se le sigue por los delitos de inviolabilidad del secreto, contra la seguridad informática, peculado y derecho a la intimidad.
La defensa de Martinelli solicitaba con insistencia que su defendido fuera juzgado por la Justicia ordinaria, debido a que ya no era miembro del Parlamento Centroamericano, un organismo regional que concede fuero a los expresidentes.
La Corte también decidió que son “válidas las actuaciones surtidas en la fase intermedia”, por lo que no hay que empezar nuevamente todo el proceso judicial.
Abogados y analistas coinciden en que el exgobernante tendría más opciones de salir bien librado en un juzgado ordinario, dada la aparente corrupción en la Justicia del país.
La decisión busca “lavar la cara ante la opinión pública”, reconociendo “lo que se hizo en la fase intermedia” cuando ya la Corte había hecho “toda una parafernalia (diciendo) que se iba a enjuiciar a Martinelli”, manifestó Alfonso Fraguela, vicepresidente del Colegio Nacional de Abogados de Panamá.
En tanto, Luis Eduardo Camacho, un político allegado a Martinelli y quien interpuso el recurso resuelto por el pleno de la Corte, mostró satisfacción por la decisión del máximo tribunal de declinar la competencia para juzgar al expresidente, pero cuestionó que se mantuviera la apertura de un juicio a Martinelli el 11 de diciembre. “Se corrige una ilegalidad, pero se mantiene por otro lado otra ilegalidad” , alegó.
A Martinelli, de 66 años, se le acusa de haber ordenado presuntamente la interceptación de comunicaciones de al menos 150 personas y gastado millones de dólares en equipos de espionaje en los últimos años de su administración, entre el 2009 y el 2014. Por la compra de esos equipos se le formuló el cargo de peculado.
El magnate de los supermercados, quien se encuentra encarcelado, fue extraditado de Estados Unidos en junio para que enfrentase a la Justicia panameña y encararía una condena de 21 años de prisión en el caso de que fuera encontrado culpable.
