“Habiéndose demostrado las razones en derecho (...) que la Corte Suprema de Justicia, el pleno y este magistrado de garantías son los competentes para conocer este proceso, procedo a dictar el auto de apertura a juicio” contra Martinelli, dijo el juez de garantías Jerónimo Mejía.
La decisión fue tomada tras una audiencia de la Corte Suprema de Justicia.
El exgobernante, presente en la audiencia, es investigado por la Corte Suprema, y no por la Justicia ordinaria, por su condición de diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacén).
No se ha fijado una fecha para el juicio oral ante el máximo tribunal.
Martinelli, de 66 años, está acusado de espiar, entre el 2012 y el 2014, a políticos, sindicalistas, periodistas, empresarios y miembros de la sociedad civil opositores a su gobierno, al que acusaban de ser una “dictadura civil”.
El fiscal de la causa, Harry Díaz, ha pedido 21 años de cárcel contra Martinelli: cuatro por interceptación de telecomunicaciones sin autorización judicial, cuatro por seguimiento, persecución y vigilancia, diez por peculado y malversación y tres por agravante.
La violación de la intimidad se habría dado a través de la interceptación de correos electrónicos, llamadas de teléfono, tarjetas de memoria, agendas telefónicas, audios y grabaciones de conversaciones privadas.
El envío a juicio se produce días después de que dos hijos del exmandatario, Ricardo y Luis Enrique Martinelli, fueran detenidos en Miami por problemas migratorios. Ambos son acusados de cobrar sobornos de la empresa brasileña Odebrecht y tenían alerta roja de Interpol.
Martinelli fue extraditado a Panamá el 11 de junio desde Estados Unidos, donde estuvo encarcelado un año en una prisión federal de Miami, en la que residía desde 2015 para eludir la Justicia panameña
