La CIDH consideró que Estados Unidos “es responsable”, por la violación del derecho “a la vida, a la libertad, a la seguridad e integridad de la persona”, en la invasión para derrocar al entonces dictador panameño Manuel Antonio Noriega.
También acusó a Washington de haber violado los derechos a la protección a la infancia, a la propiedad y la justicia, dijo el documento, de 91 páginas.
Por este motivo, la CIDH pidió a Estados Unidos “reparar integralmente las violaciones de derechos humanos” establecidas en el informe, “tanto en el aspecto material como inmaterial”. Además, “deberá adoptar las medidas de compensación económica y satisfacción”, añadió.
La abogada panameña Gilma Camargo, quien demandó a Estados Unidos en 1990 ante la CIDH, declaró: “Es un informe contundente y extraordinario que avanza el derecho internacional y el derecho humanitario desde la perspectiva de los pueblos, y que presiona a Estados Unidos para que sea un país civilizado”.
Según esta letrada, ahora hay que informar a las víctimas y a sus familiares, mientras un grupo de expertos debe analizar de qué forma se puede resarcir a cada afectado.
“Es momento de disfrutar el hecho de que vencimos al imperialismo yanqui y que lo vencimos de buena fe”, afirmó Camargo.
El 20 de diciembre de 1989, más de 27.000 soldados estadounidenses invadieron Panamá para derrocar a Noriega, quien era reclamado por un tribunal de Miami para enfrentar cargos de narcotráfico.
Oficialmente, el número de muertos durante la invasión es de 500, aunque organizaciones de derechos humanos elevan la cifra a varios miles.
En el documento de la CIDH se hace referencia a 315 víctimas, a las que ahora tendría que resarcir el país norteamericano, aunque Camargo considera que “no debe cerrarse el círculo de personas que tienen derecho a una compensación”, ya que eso “va a depender de una investigación” posterior.
“No han podido negar ninguna sola muerte ni ninguno de los daños que tenemos ahí”, afirmó la abogada.
Noriega se entregó el 3 de enero de 1990 y posteriormente estuvo preso, hasta su muerte enel 2017, en Estados Unidos, Francia y Panamá por narcotráfico, blanqueo de capitales y desaparición de opositores durante su régimen (1983-1989).
El gobierno panameño creó en el 2016 la Comisión 20 de Diciembre de 1989 para contabilizar e identificar a las víctimas, además de buscar la reconciliación nacional.
El presidente de esta panel, Juan Planells, manifestó que siente “entusiasmo” con el informe de la CIDH porque finalmente “se hace justicia” con una “gran cantidad de gente inocente”.
“Ahora, por la vía diplomática, vamos a solicitar a Estados Unidos que reconozca los daños que causó y haga lo necesario para tratar de aliviar el drama que han vivido” las víctimas y sus familiares, añadió Planells.
La Comisión investiga hasta el momento 250 posibles casos de fallecidos. Además ha analizado con la Corte Suprema de Justicia 10.000 expedientes de la época, un informe de un cementerio con 124 cadáveres identificados, y ya ha comenzado a recabar las primeras pruebas de ADN.
Las familias de las víctimas exigen que Estados Unidos indemnice al país por la invasión y diga dónde están las fosas comunes.
La comisión tiene previsto entregar su informe final en mayo del 2019.
