“Sobre la situación del 64, hay documentos de que (en esa época) se mató o no se mató. Eso es una bobera”, dijo a periodistas en Brasilia.
Bolsonaro apuntó a la Comisión Nacional de la Verdad (CNV), cuyo informe publicado en el 2014 concluyó que en los 21 años de gobiernos militares se cometieron 434 asesinatos, y que hubo cientos de detenciones arbitrarias y de opositores sometidos a torturas.
“¿Usted le cree a la Comisión de la Verdad? ¿Cuál fue la composición de la Comisión de la Verdad? ¿Fueron siete personas nombradas por quién? ¡Por Dilma Rousseff!”, la expresidenta izquierdista destituida en el 2016, cuestionó el gobernante ultraderechista.
Rousseff, una exguerrillera detenida y torturada por el régimen militar, es un blanco frecuente de Bolsonaro, al igual que el predecesor de la exmandataria, Luiz Inácio Lula da Silva.
En la sesión de la Cámara que inició la votación por la destitución de Rousseff, el entonces diputado Bolsonaro dedicó su voto al coronel que fue jefe de inteligencia durante la dictadura, acusado al menos de seis asesinatos por tortura.
El lunes, cuestionó la versión oficial de la desaparición durante la dictadura de Fernando Santa Cruz, padre del actual presidente del colegio de abogados de Brasil (OAB).
“Un día, si el presidente de la OAB quiere saber cómo su papá desapareció en el período militar, le cuento. No va a querer oír la verdad. Se lo cuento”, dijo el jefe de Estado.
Según la CNV, Fernando Santa Cruz era militante del movimiento estudiantil Acción Popular y desapareció en 1974, cuando tenía 26 años, después de ser arrestado por los servicios de inteligencia en Río de Janeiro.
El mandatario insinuó que Santa Cruz murió por rencillas dentro del grupo armado de izquierda. "No fueron los militares quienes lo mataron. Es muy fácil culpar a los militares por todo lo que ocurre", afirmó.
La declaración causó malestar e indignación incluso entre aliados de Bolsonaro.
El gobernador del estado de São Paulo, Joao Doria, la consideró “inaceptable” y recordó que su padre fue destituido de su mandato como diputado y se vio obligado a exiliarse durante la dictadura.
Uno de los 11 jueces del Supremo Tribunal Federal (STF) afirmó el martes que el presidente debería usar una “mordaza” para evitar este tipo de propósitos.
