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Una acusación sustitutiva sellada revela que, bajo un presunto esquema de corrupción y narcotráfico extendido por más de 25 años, el líder de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, fue el arquitecto principal de una organización criminal que utilizó las instituciones del Estado venezolano para “inundar” a los Estados Unidos con cocaína.
Así lo expone la acusación presentada por un Gran Jurado ante la Corte de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York. El documento, bajo el número de caso S4 11 Cr. 205 (AKH), fue firmado por el Fiscal de los Estados Unidos, Jay Clayton.
El eje central del caso sostiene que, durante más de 25 años, los líderes de Venezuela han abusado de sus cargos públicos para corromper a las instituciones del Estado con el fin de introducir toneladas de cocaína a los Estados Unidos.
La fiscalía estadounidense imputa cuatro cargos criminales principales:
Conspiración de Narcoterrorismo: Colaboración con organizaciones terroristas extranjeras (las colombianas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia -FARC- y el Ejército de Liberación Nacional -ELN-) para inundar EE. UU. con cocaína y usar las ganancias para financiar actividades terroristas.
Conspiración para importar cocaína: Fabricación y distribución de toneladas de droga con destino final a territorio estadounidense.
Posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos: Uso y transporte de armamento pesado (como ametralladoras y granadas) en apoyo a los delitos de narcotráfico.
Conspiración para poseer armas de guerra: Acuerdo para utilizar armamento militar y explosivos para proteger las operaciones de tráfico.
El documento identifica a seis acusados, detallando sus cargos y roles dentro de la presunta estructura criminal:
Papel de Maduro
Según el documento judicial (Caso S4 11 Cr. 205), la trayectoria delictiva de Maduro habría evolucionado a la par de su ascenso político. La fiscalía estadounidense sostiene que Maduro ha “mancillado cada oficina pública que ha ocupado”.
Como miembro de la Asamblea Nacional, el documento alega que Maduro ya movía cargamentos de cocaína bajo la protección de las fuerzas del orden venezolanas.
Como canciller de Venezuela, en el texto se le acusa de abusar de su poder para emitir pasaportes diplomáticos a narcotraficantes y facilitar cobertura diplomática para aviones utilizados por lavadores de dinero que repatriaban ganancias desde México hacia Venezuela.
Luego, como presidente y “gobernante de facto”, la acusación es tajante: Maduro habría utilizado su autoridad obtenida ilegalmente para coordinar el transporte de miles de toneladas de cocaína, asociándose con grupos terroristas como las FARC.
El expediente describe la existencia del “Cartel de los Soles”, una organización criminal compuesta por funcionarios venezolanos de alto rango.
El nombre proviene de las insignias de sol que portan los generales militares en Venezuela. Bajo el mando de Maduro, dice la acusación, este cartel no solo traficaba droga, sino que utilizaba la cocaína como un “arma” contra los Estados Unidos.
El documento detalla que Maduro, Diosdado Cabello, actual Ministro del Interior y Justicia de Venezuela, y Ramón Rodríguez Chacín, exministro del Interior y Justicia de Venezuela, actuaron como líderes de esta organización, priorizando el uso de la estructura militar y de inteligencia para facilitar el narcotráfico en lugar de servir al pueblo venezolano.
Vínculos con las FARC
La participación de Maduro, según el documento, fue fundamental para consolidar alianzas estratégicas. Con las FARC, por ejemplo, dice que Maduro y sus coacusados negociaron directamente con líderes del grupo para coordinar el envío de cargamentos masivos de cocaína.
Se alega que permitieron a las FARC operar con impunidad en territorio venezolano, estableciendo campamentos de entrenamiento y pistas de aterrizaje clandestinas.
Como ministro de Relaciones Exteriores, la acusación alega que Maduro facilitó el movimiento de dinero en efectivo proveniente del narcotráfico mexicano hacia Venezuela a través de vuelos con estatus diplomático, evitando así los controles internacionales.
La acusación indica que Maduro y sus socios no solo traficaban droga, sino que suministraron armas de grado militar a grupos terroristas a cambio de cocaína y lealtad.
El documento no deja fuera el entorno íntimo de Maduro.
Se menciona específicamente a su esposa, Cilia Adela Flores de Maduro (la “supuesta Primera Dama”), y a su hijo, Nicolás Ernesto Maduro Guerra (conocido como “Nicolasito” o “The Prince”).
Ambos son señalados por aprovechar la infraestructura del Estado, como los aviones de la empresa estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), para operaciones logísticas de narcotráfico y para el cobro de sobornos destinados a la familia presidencial.
Los cargos que podrían dejarlos por décadas en la cárcel
A partir de la página 18 del documento judicial, se detallan las violaciones específicas a los códigos penales de los Estados Unidos.
El primero es conspiración de marcoterrorismo dirigido específicamente contra Maduro Moros, Cabello y Rodríguez Chacín a quienes se acusa de proporcionar, de manera directa e indirecta, objetos de valor pecuniario a organizaciones terroristas extranjeras. Las organizaciones beneficiadas de 1999 a 2025 incluirían a las FARC, ELN, el Tren de Aragua (TdA), el Cartel de Sinaloa y Los Zetas (o cartel del Noreste CDN).
El segundo es conspiración para la Importación de cocaína que, a diferencia del primer cargo, incluye a toda la red familiar y operativa, sumando a Cilia Flores, “Nicolasito” Maduro Guerra y Hector Rusthenford Guerrero, “Niño Guerrero” (lider del Tren de Aragua). A ellos se les acusa de fabricar y distribuir cinco kilogramos o más de cocaína con la intención y el conocimiento de que sería importada ilegalmente a los EE. UU. El cargo incluye el uso de aeronaves registradas en los Estados Unidos para facilitar el tráfico.
El tercero y cuarto cargo son posesión y conspiración de armas de guerra. Estos dos cargos finales subrayan la violencia de la organización. Todos los acusados están implicados en el uso de armamento pesado para proteger sus operaciones de narcotráfico y se menciona explícitamente el uso, transporte y posesión de ametralladoras (capaces de disparar de forma automática) y dispositivos destructivos.
La fiscalía sostiene que los acusados “ayudaron e instigaron” el uso de estas armas en relación con los delitos de drogas.
Las penas por estos delitos van desde 10 años por envío de cocaína, 20 por narcoterrorismo y 30 por posesión de armas.
A partir de la página 23, el documento también revela que el Gobierno de los Estados Unidos no solo busca la prisión de los implicados, sino el desmantelamiento de su patrimonio.
Por ejemplo, según el escrito, los acusados deberán entregar cualquier propiedad que constituya o se haya derivado de las ganancias obtenidas por estos delitos.
Si los bienes originales (dinero, mansiones, empresas) no pueden ser localizados, han sido transferidos a terceros o han disminuido su valor, la ley permite a EE. UU. confiscar cualquier otro bien del acusado hasta cubrir el valor de lo defraudado.
Finalmente, todas las armas y municiones involucradas en los cargos tres y cuatro pasan automáticamente a ser propiedad del gobierno estadounidense tras una eventual condena.
