Las autoridades de Panamá suspendieron este sábado los servicios de Internet y telefonía móvil en la provincia caribeña de Bocas del Toro, luego de que el presidente, José Raúl Mulino, decretara estado de urgencia tras casi dos meses de protestas contra el gobierno, informó una fuente oficial.
Mulino suspendió el viernes las libertades de reunión y movimiento en la zona donde grupos de manifestantes provocaron daños en el aeropuerto, algunos comercios y oficinas, y mantienen bloqueos de carreteras.
La Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (Asep) informó en la red social X que con base al decreto de urgencia “se ha coordinado la suspensión temporal del servicio de telefonía móvil e internet residencial en la provincia de Bocas del Toro hasta el 25 de junio”.
La ASEP aclaró que se mantiene el suministro de internet en los servicios de salud, en el comercio y en las entidades de gobierno.
Las manifestaciones contra el gobierno, iniciadas hace casi dos meses y que se tornaron violentas el jueves, han dejado un muerto, más de un centenar de detenidos y decenas de heridos, entre ellos 13 policías, según las autoridades.
El presidente de Panamá suspendió el viernes las libertades de reunión y movimiento en la zona donde grupos de manifestantes provocaron daños en el aeropuerto (ASBEL LLORENT/AFP)
El estado de urgencia que prevalece en Bocas del Toro dejó temporalmente sin efecto las garantías constitucionales que impiden la violación del domicilio y el registro de comunicaciones personales, entre otras.
La Policía Nacional informó que en la madrugada de este sábado “delincuentes forzaron la puerta” de un depósito de insumos médicos en la ciudad bananera de Changuinola, en Bocas del Toro.
Desde el pasado 28 de abril, el gobierno de Mulino enfrenta protestas en Bocas del Toro en rechazo a una reforma de las pensiones.
Hasta la semana pasada, los trabajadores bananeros lideraban las movilizaciones sociales, pero tras un acuerdo de su sindicato con el gobierno, otros grupos que se consideran afectados por la reforma continúan exigiendo la derogación completa de la ley.
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