El fallo se produce en un contexto de creciente tensión geopolítica, marcado por las reiteradas amenazas del presidente estadounidense Donald Trump de “recuperar” el canal, al sostener que la vía está bajo control de Pekín.
Estados Unidos y China son los principales usuarios de esta ruta por la que transita cerca del 5% del comercio marítimo mundial.
La nulidad del contrato fue solicitada por la Contraloría panameña, que el año pasado presentó dos demandas al considerar que la concesión era inconstitucional y que se habían generado irregularidades.
El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, también había cuestionado el acuerdo en varias ocasiones, al señalar que se trataba de un contrato “leonino” y “contrario a los intereses nacionales”. La concesión había sido renovada en 2021 por otros 25 años.
PPC reaccionó a primera hora de este viernes y afirmó que el fallo “carece de base jurídica” y pone en riesgo no solo su contrato, sino “el bienestar y la estabilidad de miles de familias panameñas” que dependen de su operación.
Desde China, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Guo Jiakun, advirtió que Pekín “tomará todas las medidas necesarias para proteger de manera decidida los derechos legítimos y los intereses de las empresas chinas”, al tiempo que replicó los argumentos expuestos por la compañía.
También el gobierno de Hong Kong rechazó “firmemente” la resolución judicial y denunció que “cualquier gobierno extranjero use medios coercitivos, represivos u otros métodos” para interferir en relaciones comerciales.
Venta en el limbo y caída en bolsa
CK Hutchison Holdings —conglomerado creado por Li Ka-shing, el hombre más rico de Hong Kong— opera en sectores como finanzas, comercio minorista, infraestructuras, telecomunicaciones y logística.
Tras el anuncio desde Panamá, la acción del grupo cayó un 4,6% este viernes en la bolsa hongkonesa.
El fallo ocurre además en medio de un proceso de venta que Hutchison anunció en marzo de 2025, cuando informó su intención de ceder su participación en esas terminales a un consorcio liderado por la estadounidense BlackRock, como parte de un paquete valorado en $22.800 millones.
La operación, inicialmente bien recibida por Estados Unidos, se ralentizó luego de que China advirtiera que podría afectar sus intereses globales y pidió actuar con “cautela” bajo amenaza de consecuencias legales si se procedía sin autorización.
En abril, la Contraloría panameña denunció a Hutchison por supuestamente no haber pagado al Estado $1.200 millones por sus operaciones. PPC, por su parte, sostuvo que es “el único operador portuario del país en el que el Estado es accionista” y aseguró que pagó al gobierno panameño $59 millones en los últimos tres años.
Desde su regreso a la Casa Blanca, Trump ha insistido en que China controla el canal, pese a que la vía es administrada por una institución pública panameña autónoma del gobierno.
Durante su toma de posesión, el mandatario afirmó que Estados Unidos fue “maltratado” con el “regalo” del canal y aseguró: “China opera el Canal de Panamá (...) y lo vamos a recuperar”.
Estados Unidos inauguró la vía en 1914, pero la entregó a Panamá el 31 de diciembre de 1999, en virtud de tratados bilaterales que establecen que todos los barcos, sin importar su bandera, pagan peajes según la capacidad del buque y su carga.
Panamá ha rechazado que Pekín controle de facto el canal —por donde se gestiona un 40% del tráfico de contenedores de Estados Unidos— y ha tomado diversas medidas para reducir tensiones con Washington.
Mientras tanto, el canal prevé invertir más de $8.500 millones en la próxima década para ampliar y diversificar su negocio.
Entre los proyectos figuran la construcción, para 2029, de dos nuevos puertos por $2.600 millones, además de un gasoducto y un nuevo embalse, en iniciativas donde varias empresas chinas han mostrado interés.
