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Ginebra, Suiza. La persecución política en Venezuela se intensifica, advirtió el lunes una misión de expertos designada por la ONU, que señaló que la única esperanza de encontrar justicia para las víctimas reposa sobre las instancias internacionales.
“El Estado incrementó nuevamente la represión en momentos y acontecimientos de mayor tensión política, como fueron la toma de posesión presidencial en enero (...) a través de detenciones masivas”, denunció la presidenta de la misión, la jurista portuguesa Marta Valiñas, ante la prensa.
“Ante el sometimiento de la justicia al ejecutivo, la única esperanza de encontrar justicia para las víctimas en Venezuela reposa sobre las instancias internacionales”, agregó otra miembro de la misión, la argentina Patricia Tappatá.
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En setiembre de 2019, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU estableció una Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, con el fin de investigar presuntas violaciones de derechos humanos.
Esta misión, que no habla en nombre de las Naciones Unidas, documentó al menos 200 detenciones entre enero y finales de agosto de 2015.
“En esta primera mitad de septiembre, después del cierre de nuestro informe, al menos 14 personas más fueron detenidas”, indicó Valiñas, ante el Consejo.
La reelección del presidente Nicolás Maduro en 2024 fue denunciada como fraudulenta por la oposición, que reivindica la victoria.
Después de los comicios, estallaron manifestaciones que dejaron 28 muertos, unos 200 heridos y más de 2.400 detenidos, de los cuales unos 2.000 han sido excarcelados, según cifras oficiales.
“Las evidencias alcanzadas por la misión (...) confirman que el crimen de persecución fundado en motivos políticos continúa cometiéndose en Venezuela, sin que ninguna autoridad nacional demuestre voluntad de prevenir, perseguir o castigar” estas graves violaciones de derechos humanos, señaló Valiñas.
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La Corte Penal Internacional (CPI) lleva varios años investigando presuntos crímenes de lesa humanidad que habría cometido el gobierno de Maduro en 2017, durante protestas de la oposición en las que murieron más de 100 personas.
“En nuestra opinión, se ha tardado demasiado. La documentación está ahí. Por supuesto, respetamos sus procedimientos y su independencia, pero creemos que las víctimas no pueden esperar”, declaró Francisco Cox Vial, un abogado chileno miembro de la misión.
