“Sabemos que algunos preferirían que esta Asamblea dijera menos, o que no dijera nada en absoluto”, señaló Odo Tevi, embajador de Vanuatu ante la ONU. Esta pequeña nación insular del Pacífico impulsó la iniciativa.
El texto fue aprobado con 141 votos a favor, 28 abstenciones y 8 votos en contra. Entre quienes rechazaron están importantes productores de petróleo como Arabia Saudita, Estados Unidos e Irán.
En esta ocasión, Costa Rica votó a favor de la resolución, según confirmó La Nación en registros de la ONU.
Impulsada por Vanuatu, la Asamblea General solicitó en 2024 a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) una opinión consultiva sobre la responsabilidad de los Estados de respetar sus compromisos climáticos.
La opinión emitida superó las expectativas de los defensores del clima: la Corte afirmó que los Estados que violaban sus obligaciones climáticas cometían un acto “ilícito” y abrió la vía a “reparaciones” para los países afectados.
El texto acoge la opinión de la CIJ “como una contribución autorizada a la clarificación del derecho internacional existente” y exhorta a los Estados a “cumplir con sus respectivas obligaciones” de proteger el clima.
Sin embargo, la resolución no salió ilesa de las numerosas sesiones de negociación entre miembros, muchos de los cuales ya no consideran el clima como un objetivo prioritario.
El secretario general de la ONU, António Guterres, elogió la medida en un comunicado difundido el miércoles, y reconoció el liderazgo de los dirigentes insulares y “de los jóvenes cuya claridad moral ayudó a llevar al mundo a este momento”.
Sin registro de daños
La resolución hace hincapié en las medidas necesarias para mantener el calentamiento global limitado a 1,5ºC por encima de la temperatura preindustrial, en particular “abandonar progresivamente los combustibles fósiles en los sistemas energéticos”.
Ello se ajustaría a un objetivo adoptado por casi 200 países durante una cumbre mundial sobre el clima en 2023.
Sin embargo, la creación de un “Registro Internacional de Daños” para recopilar pruebas de “daños, pérdidas o perjuicios atribuibles al cambio climático” desapareció del texto final.
Los mayores emisores de gases de efecto invernadero se oponen a cualquier mecanismo que pudiera obligarlos a pagar reparaciones a víctimas de la alteración del clima.
No obstante, la resolución señala que, según la CIJ, un Estado que incumpla sus obligaciones climáticas puede verse obligado a pagar “plena reparación a los Estados lesionados”.
