Bukele gobierna bajo un estado de excepción que redujo la criminalidad a mínimos históricos y al amparo del cual unas 91.000 personas han sido detenidas sin orden judicial, señaladas de ser pandilleros o cómplices.
“Por primera vez después de los acuerdos de paz (1992), después del conflicto armado, podemos hablar de que hay presos políticos en El Salvador”, aseguró René Valiente, director de investigaciones de Cristosal, en rueda de prensa.
Los casos de hostigamiento ascienden a por lo menos 245, pero podrían ser muchos más, aseguró Cristosal, que en julio pasado se trasladó de El Salvador a Guatemala aduciendo una persecución de Bukele.
La mayoría de las víctimas, según la organización, son defensores de derechos humanos críticos de la guerra antipandillas de Bukele, periodistas, operadores de justicia, sindicalistas y ambientalistas.
La oenegé señaló que la persecución “se ha consolidado como un mecanismo de control autoritario”. Siete “presos políticos” han sido condenados, precisó.
“Estamos ante una regresión a las viejas formas de violencia estatal ejercidas por tiranos y regímenes autocráticos para concentrar el poder y preservar sus privilegios”, aseguró por su parte el director de Cristosal, Noah Bullock.
“Miedo a levantar la voz”
El informe de Cristosal precisa que los casos de “persecución política” ascienden a por lo menos 245 -entre ellos los detenidos-, pero que podrían ser “muchos más”.
La oenegé señaló que la persecución “se ha consolidado como un mecanismo de control autoritario”. Siete personas han sido condenadas.
Se ha desatado, agregó, una estrategia de “criminalización penal” como “mecanismo de represión”, especialmente desde 2021 cuando el gobierno tomó el control de las instituciones de justicia, indicó el reporte.
El hostigamiento incluye amenazas, seguimientos, estigmatización pública, presión directa, acciones judiciales no penales y el “uso sistemático de la prisión preventiva como forma de castigo anticipado”, detalló.
Son “patrones similares a los observados en países como Nicaragua y Venezuela”, donde cientos de disidentes han sido encarcelados por motivaciones políticas, apuntó el informe.
Ruth López, una reputada abogada considerada “presa de conciencia” por Amnistía Internacional, fue detenida el 18 de mayo de 2025 tras ser acusada de enriquecimiento ilícito por la Fiscalía, afín al gobierno.
Este jueves, Amnistía Internacional manifestó preocupación por el activista salvadoreño Fidel Zavala, detenido el 25 de febrero de 2025 cuando asesoraba a una comunidad en riesgo de desalojo por un conflicto de tierras.
Para esta oenegé, su caso muestra la “criminalización” de la defensa de los derechos humanos y el abuso de la prisión preventiva.
El abogado constitucionalista Enrique Anaya, férreo crítico de Bukele, fue detenido en junio acusado de lavado de dinero.
“En El Salvador se vive un estado permanente de miedo. La gente tiene miedo a levantar su voz, a defender a otros”, agregó Valiente.
La existencia de presos políticos supone un gran retroceso, pues estos casos no se veían desde la guerra civil que sufrió El Salvador de 1980 a 1992, subrayó Cristosal.
