EscucharTapachula. Para ingresar a México desde Guatemala, Ana María pagó $250 a un grupo criminal. No tuvo otra opción para evitar ser secuestrada por bandas que transformaron la crisis migratoria en un negocio millonario.
Hondureña de 26 años, fue extorsionada en la fronteriza Tecún Umán, Guatemala, donde llegó con tres hijas en su viaje hacia Estados Unidos.
“Nos tomaron fotos y videos”, afirma con voz temblorosa la mujer, quien dialogó con esta agencia en la ciudad mexicana de Tapachula, Chiapas, bajo la condición de proteger su verdadera identidad.
Su historia refleja una actividad que se extiende desde la selva colombo-panameña del Darién hasta la frontera entre México y Estados Unidos. Esta red incluye desde servicios de “coyotes”, también llamados “guías”, alojamiento y transporte, hasta secuestros.
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El tráfico de migrantes genera entre $7.000 y $10.000 millones anuales a los criminales en todo el mundo, según estimaciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
La fuente parece inagotable. En 2024, México procesó a 925.000 indocumentados, mientras Estados Unidos registró 2,1 millones de encuentros con migrantes en su frontera durante el año fiscal que concluyó en setiembre.
Procedentes de Venezuela, Cuba, Colombia, Ecuador, Haití, Centroamérica y países de África y Asia, estas personas escapan de la pobreza, la violencia y regímenes autoritarios.
El pago de Ana María incluyó traslado en balsa por el río Suchiate, entre Guatemala y México, y un recorrido por carretera hasta un albergue en Tapachula. “Es la única manera en que podemos ingresar”, explica.
Negocio de narcos
Salvo por el transporte fluvial de mercancías, el principal acceso a México desde Guatemala luce semivacío.
Sin embargo, a una hora de allí, Tapachula está repleta de migrantes que buscan permisos de tránsito para llegar a la frontera norte antes de que Donald Trump asuma la presidencia el lunes.
Este contraste se debe a que delincuentes trasladan a los migrantes directamente a Tapachula, lejos de la vigilancia de las autoridades.
“Ya no les permiten que lleguen por cuenta propia. Les dicen: ‘les cobramos por llevarlos’”, denuncia el padre Heyman Vázquez, párroco local. “La delincuencia organizada se ha adueñado de los migrantes”.
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Quienes no tienen dinero son secuestrados. “Les piden 700 dólares. Cuando el familiar paga, les ponen un sello en el brazo y los dejan ir”, asegura Vázquez.
Los migrantes llaman genéricamente “cártel” a las organizaciones que se disputan el control de esta frontera.
Son los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, cuya pugna provocó el año pasado una masacre de 19 personas, incluidos guatemaltecos, y un inédito desplazamiento de mexicanos hacia Guatemala.
Ambos grupos absorbieron a las redes de delincuencia locales, que en ocasiones entregan personas para extorsión o trata, según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).
Eslabón colombiano
Este control criminal comienza mucho antes de Tapachula, en el Darién.
Alberto Yamarte, migrante venezolano de 50 años, pagó $1.800 a un grupo para atravesar esta peligrosa jungla con su esposa y tres hijos. “Es como para cuidarte”, explica el hombre, uno de los más de siete millones de venezolanos que dejaron su país desde 2014 por la crisis que alcanzó un nuevo pico con la controvertida reelección de Nicolás Maduro.
Quienes cruzan por su cuenta se exponen a vejaciones. “Fue durísimo, dos horas de secuestro. Nos quitaron todo lo que teníamos”, cuenta Dayana Hernández, venezolana de 36 años.
El Darién es bastión del Clan del Golfo, la mayor organización criminal colombiana. “Decide qué caminos se pueden utilizar y cuáles no, provee ‘seguridad’ a la población y se enriquece a costa de los migrantes”, comenta Juan Pappier, subdirector para las Américas de Human Rights Watch (HRW).
Algunos asumen cuantiosas deudas para pagar a “coyotes”. La guatemalteca Ericka Morales fue deportada el 10 de enero desde Texas y debe $15.000. Ahora, “a seguir luchando acá para poder sacar la deuda”, dice resignada.
El GAFI señala que las detenciones de traficantes son bajas, pese a ser un fenómeno masivo que incluso se promociona en redes sociales. En TikTok, por ejemplo, un usuario ofrece ingresos a Estados Unidos por un túnel. México anunció recientemente el descubrimiento de uno de esos pasadizos.
Las autoridades también se lucran. “Los policías guatemaltecos me bajaron toda la plata”, afirma una panameña. Una relatoría de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) confirma estos casos en México.
Otros estafan hasta $500 por falsas citas de asilo en la aplicación móvil CBP One, que Trump promete eliminar, argumentando que fomenta el tráfico. Casas de cambio también se benefician del dinero que familiares envían a migrantes para que continúen el viaje.
Boom económico
En la parte panameña del Darién, la migración transformó pequeños pueblos por los que pasaron más de un millón de personas en los últimos tres años.
En Canaán Membrillo y Bajo Chiquito, los migrantes, con aval de las autoridades, deben pagar $25 para ser trasladados en balsas hasta un albergue.
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Las pequeñas tiendas, que antes abastecían a unas decenas de moradores, ahora venden a cientos de extranjeros al día alimentos, ropa y hasta chips telefónicos.
Los migrantes también deben pagar $40 para ser trasladados en autobús hasta la frontera con Costa Rica, en una ruta organizada por el gobierno panameño.
Tratados como mercancías, muchos se sienten en un callejón sin salida. “Que ganó Donald Trump, que ganó Maduro otra vez en Venezuela. O para atrás o para adelante, no sabemos qué hacer”, se lamenta la venezolana Dayana Hernández.
