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México. México inaugura una “nueva era” este lunes con la instauración de los primeros jueces elegidos por voto popular, un hito para la justicia de un país dañado por la impunidad, pero que la deja expuesta al influjo del poder político y del crimen organizado.
Jueces de la Suprema Corte, magistrados del tribunal electoral y numerosos juzgadores distritales y estatales completan los más de 2.000 cargos que asumen funciones este lunes, tras haber sido elegidos en unos comicios inéditos el pasado 1.º de junio.
Dicha elección fue cuestionada tanto por la escasa participación, de apenas 13% del electorado, como por denuncias de irregularidades y mecanismos ilícitos que se emplearon para encauzar el voto hacia candidatos afines al oficialismo de izquierda.
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“A partir del 1.º de septiembre inicia una nueva era en el Poder Judicial, elegidos por el pueblo de México”, celebró el pasado miércoles la presidenta Claudia Sheinbaum, durante su habitual rueda de prensa matinal.
Agregó que el arribo de los nuevos jueces marca el fin de una etapa “muy cuestionada por la corrupción, por la defensa de privilegios, [y] por el nepotismo” en el sistema de justicia mexicano.
Destaca esta jornada el inicio de la gestión del indígena mixteco Hugo Aguilar, el candidato más votado de los comicios, como presidente de la Suprema Corte conformada por nueve integrantes, seis de los cuales son cercanos al oficialismo.
El máximo tribunal “enfrenta un gran reto: recuperar la confianza de la ciudadanía. Para lograrlo debemos acercar la justicia a cada sector de la población”, escribió Aguilar, antiguo funcionario del expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), en su cuenta de X la semana pasada.
Elección cuestionada
La elección judicial, que tendrá una segunda etapa en 2027 para renovar algunos puestos de la Suprema Corte y jueces locales en una decena de estados, es parte de una reforma constitucional propuesta por López Obrador y ejecutada por Sheinbaum.
Opositores y activistas insisten en que la reforma no busca resolver la impunidad, que en México supera el 90%, ni mejorar la impartición de justicia, sino “capturar políticamente al Poder Judicial”, señala Miguel Alfonso Meza, presidente de la oenegé Defensorxs.
El activista, cuya organización monitoreó los comicios, opina que se trató de una “operación de Estado” que permitió seleccionar candidatos afines al gobierno en tribunales clave, además de distribuir masivamente volantes, conocidos como acordeones, donde se direccionaba el voto hacia candidatos favorables al oficialismo.
En las elecciones estatales, los procesos “fueron determinados por los gobernadores” de las entidades, explica Meza, lo que facilitó la designación y el triunfo de ciertos candidatos.
“Juzgados capturados”
Defensorxs detectó además al menos 25 aspirantes “altamente riesgosos” porque poseían antecedentes penales, por delitos desde corrupción hasta trata de personas, o enfrentaban serias acusaciones de complicidad con grupos del crimen organizado.
Seis de estas personas resultaron elegidas, señala Meza.
Una de ellas fue Silvia Delgado, exabogada del encarcelado capo del narcotráfico Joaquín “el Chapo” Guzmán, quien asume este lunes como jueza penal en el estado de Chihuahua (norte).
Delgado demandó judicialmente por violencia política de género a 14 medios de comunicación y al propio activista Meza por haber informado sobre su vínculo con “El Chapo”.
De cara a asumir sus funciones, el activista teme que este tipo de personajes haga que la eventual corrupción en los tribunales pase de casos puntuales a una contaminación completa.
“Va a haber juzgados que están capturados y que trabajan para el crimen organizado, para políticos que están involucrados en el crimen organizado”, advierte Meza.
