Ciudad Juárez, México. En una calle de la mexicana Ciudad Juárez, a unos pasos de Estados Unidos, la abogada Silvia Delgado pide a los transeúntes que voten por ella. Busca ser elegida jueza, tras haber asesorado al famoso capo del narcotráfico Joaquín “Chapo” Guzmán.
Su candidatura es una de las más cuestionadas de cara a las elecciones del domingo, que tornarán a México en el primer país del mundo que elige a todos los jueces por voto popular.
Entre los aspirantes que una oenegé llama “riesgosos” figuran además un hombre que estuvo preso en Estados Unidos por tráfico de drogas, el exabogado de un sanguinario narco y un exfiscal señalado de amenazar a dos periodistas que luego fueron asesinados.
Delgado, de 51 años, es conocida porque integró el equipo legal del “Chapo” Guzmán en Ciudad Juárez, donde el fundador del violento cártel de Sinaloa estuvo detenido antes de ser extraditado a Estados Unidos en 2017.
“He defendido a muchísimas personas. He auxiliado y en algunos casos he sido asesor jurídico de la víctima”, dice la jurista a la AFP, al subrayar que haber asistido a Guzmán en sus audiencias no la convierte en “criminal”.
A su juicio, fue contratada por sus conocimientos. “Va a tener una jueza imparcial y preparada”, promete Delgado a un vendedor ambulante cerca del puente internacional Paso del Norte.
“Soy el más imperfecto”
La oenegé Defensorxs -crítica de la elección judicial- publicó en su sitio web una veintena de nombres de candidatos a los que señala de nexos con el crimen organizado y otros delitos.
En su perfil de Delgado, asegura: “candidatura altamente riesgosa (...) defiende a presuntos narcotraficantes”.
No es un señalamiento menor en México, donde la guerra antidrogas lanzada en 2006 deja más de 480.000 muertos y unos 120.000 desaparecidos.
El cártel que lideró el Chapo enfrenta una guerra interna que ha matado a 1.200 personas desde septiembre pasado en Sinaloa (noroeste), en medio de la presión del presidente estadounidense Donald Trump sobre México para frenar el tráfico de fentanilo, asociado a decenas de miles de muertes cada año en Estados Unidos.
La lista también incluye a Leopoldo Chávez, aspirante a juez federal en el estado de Durango, quien estuvo preso casi seis años en Estados Unidos (2015-2021) por tráfico de metanfetaminas.
“Nunca me he vendido ante ustedes como el candidato perfecto”, afirmó en un video en Facebook. “Soy el más imperfecto, pero el que más ganas tiene de sacar adelante esto”, añadió.
Figura además Fernando Escamilla, quien aspira a ser juez penal en el norteño estado de Nuevo León y fue abogado de Miguel Ángel Treviño, uno de los líderes del cártel de Los Zetas, caracterizado por sus brutales métodos de ejecución. Treviño fue extraditado a Estados Unidos en febrero.
Se suma también Francisco Herrera, de Michoacán (oeste), señalado por la prensa de haber amenazado a los periodistas Roberto Toledo y Armando Linares, asesinados en 2022. Herrera niega cualquier implicación en el crimen.
También aspira a ser magistrado laboral en Jalisco (oeste) Job Daniel Wong, ministro de la iglesia la Luz del Mundo, cuyo líder, Naasón Joaquín García, fue condenado en Estados Unidos por abuso sexual de menores.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, minimizó el peso de estas postulaciones. “Es el 0,01% de todos” los aspirantes, dijo.
El domingo serán elegidos 2.600 jueces; otros 4.000 serán votados en 2027.
Falta de rigor
Los miles de candidatos fueron seleccionados por los tres poderes del Estado tras una reforma judicial impulsada por el oficialismo de izquierda con el argumento de combatir la impunidad. Pero según sus críticos, abre la puerta a criminales y politizará la justicia.
El líder oficialista del Senado, Gerardo Fernández Noroña, afirmó que los defensores de narcotraficantes “no deberían participar”.
Pero la exabogada del Chapo, quien fue seleccionada por el Ejecutivo estatal de Chihuahua, aduce que defender al capo narco no debería ser un estigma, pues toda persona “tiene derecho a que un abogado lo asista”.
La autoridad electoral recién calificará la validez de estas candidaturas tras los comicios. Uno de los requisitos es “gozar de buena reputación y no haber sido condenado” a prisión.
El director de Defensorxs, Miguel Alfonso Meza, culpa de esta situación a la premura con que fue aprobada la reforma constitucional y a la falta de rigor en los filtros.
“Es impresionante que para ser (oficial de) tránsito municipal tienes que hacer un examen de control de confianza, pero para ser un juez penal que resuelve casos del Cártel Jalisco Nueva Generación lo único que tienes que hacer es mandar tu currículum”, critica.