Escuchar
París, Francia. Desde Francia a Alemania, pasando por Reino Unido, las televisiones y radios públicas en Europa sufren recortes presupuestarios y al mismo tiempo se ven confrontadas a la hostilidad de la extrema derecha, una situación que les obliga a demostrar su utilidad en medio de una competencia inédita.
“No estamos en la misma situación que en Estados Unidos”, donde el presidente Donald Trump suprimió la financiación federal a la radio NPR, la televisión PBS, y a toda una serie de emisoras públicas locales, “pero algunas dinámicas y ciertas fuerzas políticas son las mismas” en Europa, advierte Rasmus Kleis Nielsen, profesor de Comunicación en la Universidad de Copenhague.
En Francia, los pilares del audiovisual público France Télévisions y Radio France son objeto de críticas desde noviembre por parte de los miembros más a la derecha de una comisión de investigación parlamentaria. Tienen que defenderse de las acusaciones de deriva izquierdista con el dinero de los contribuyentes.
En Alemania, el audiovisual público también suele estar en la mira del partido de extrema derecha AfD.
Y en Reino Unido, BBC tuvo que presentar disculpas y su director general dimitir después de las revelaciones sobre un montaje engañoso de un discurso de Trump.
Según Rasmus Kleis Nielsen, las televisiones y radios públicas llevan mucho tiempo en el centro de las críticas políticas, o provenientes del sector de los medios privados que no se benefician de ayudas estatales.
Pero se abrió un nuevo frente con el auge de “sentimientos nacionalistas muy fuertes en varios países europeos, que las acusan de ser demasiado abiertas en cuestiones de diversidad y de inmigración”, explica.
“Altavoz”
Reporteros Sin Fronteras (RSF) alertó en un informe de 2025 sobre las múltiples crisis que atraviesa el sector, sobre todo la “económica”, la “tecnológica” --a raíz de las plataformas digitales-- y la “geopolítica”.
“Esto empezó hace más de diez años en Hungría, con unos medios públicos que hoy se consideran medios de Estado. Este ‘modelo’ se exportó dentro de la Unión Europea”, señala Laure Chauvel, responsable para Francia e Italia de esta oenegé.
A principios de diciembre, unas 10.000 personas salieron a la calle en Vilna, la capital de Lituania, para protestar contra la congelación del presupuesto de la radiotelevisión pública (LRT) para los años 2026-2028 y otra reforma destinada a facilitar el cese del director general de la institución, una iniciativa del partido populista Amanecer de Nemunas.
Los manifestantes compararon la situación con la de Eslovaquia, donde la radiotelevisión pública (STVR) fue totalmente reorganizada desde el regreso al poder en 2023 del primer ministro nacionalista Robert Fico. La STVR “se parece cada vez más a un altavoz del gobierno”, advirtió en noviembre la agencia local de Transparencia Internacional.
En Italia, las organizaciones de defensa de la prensa también denuncian una mayor politización de la RAI desde la llegada al poder en octubre de 2022 de Giorgia Meloni al frente de una coalición ultraconservadora.
Presión presupuestaria
Estos organismos públicos también están bajo presión presupuestaria, especialmente cuando se pone en duda que continúen las tasas que pagan los ciudadanos para acceder a ellos.
Según datos de la Unión Europea de Radiodifusión (UER), la financiación total de los medios de servicio público en los 27 países de la Unión Europea ascendió a 29.170 millones de euros (33.800 millones de dólares) en 2024, lo que supone una caída del 7,4% en la última década, si se aplica la inflación.
En Suiza, la SSR, que emite en las cuatro lenguas del país, tendrá que suprimir 900 puestos de aquí a 2029 (de un total de 7.130 empleados). En Alemania, también se ha puesto en marcha un plan de “racionalización” que prevé la supresión de emisoras de radio y la fusión de canales de televisión.
Otro reto para estos organismos, según la UER, es el respeto de las normativas que regulan a los gigantes tecnológicos, acusados de favorecer los contenidos más virales y de subexponer los de los medios públicos.
“Sin una aplicación estricta” de la normativa digital de la UE, “estas plataformas dominantes seguirán dictando las condiciones en las que los medios de interés público europeos, fiables, llegan a su público, lo que socava su papel democrático”, advierte Richard Burnley, director de asuntos jurídicos y públicos de la UER.
