Bogotá, Colombia. Fuertemente custodiado, esposado y con grilletes en los pies, Nicolás Maduro fue trasladado al tribunal de Manhattan, donde comparecerá por primera vez ante un juez. Este lunes 5 de enero, dos días después de su captura y extracción de Venezuela, arranca el proceso en su contra por los delitos de narcoterrorismo y conspiración, al ser señalado como cabecilla del denominado ‘cartel de los Soles’.
Su caso, que se suma al de otros dictadores como el del panameño Manuel Antonio Noriega, condenado en Estados Unidos a décadas de cárcel por sus nexos con el ‘Cartel de Medellín’, abre varios interrogantes sobre el funcionamiento del sistema judicial norteamericano y la posibilidad de una negociación para delatar a la cúpula militar (que sigue intacta en Venezuela) y otros aliados del régimen chavista mencionados en el indictment de la Corte del Distrito Sur de Nueva York.
1. ¿Qué viene tras la audiencia de notificación de cargos?
Para el penalista y exapoderado de Alex Saab, Rick Díaz, “el proceso de Maduro va a ser el cotidiano, como el de todos los presos federales en los Estados Unidos. No hay diferencia, ni él va a tener ningún tratamiento preferencial. Hoy, en pocos minutos, tendrá la audiencia inicial, donde le leerán los cargos. La mayoría de los casos que hemos visto en los últimos 40 o 50 años es que, así le amontonen diez cargos, con que el jurado lo condene por un solo cargo de conspiración, ya eso lleva a la misma sentencia de cadena perpetua”.
Un escrito radicado ante ese despacho da cuenta de la inscripción de Barry J. Pollack, exfiscal federal y abogado de Julian Assange, fundador de WikiLeaks, como defensa. El documento consigna la fecha de presentación, la firma del jurista y los datos del bufete que ahora figuran en el expediente judicial federal.
Sobre este punto había especulación acerca de si tendría que enfrentar al jurado con un abogado de oficio, dado que el nombre de Nicolás Maduro figura en la ‘lista Clinton’ y el pago de honorarios a cualquier ciudadano estadounidense puede ser fiscalizado y sancionado por la Oficina del Tesoro.
2. ¿Nicolás Maduro podría pelear fianza?
La próxima audiencia será la de solicitud de libertad bajo fianza, un derecho propio de la justicia penal estadounidense que, según el penalista consultado por este diario, no aplicaría en el caso del dictador. “Maduro no tiene la más mínima posibilidad de salir bajo fianza porque representa un altísimo riesgo de fuga. Lo primero que hará el fiscal en la audiencia es mostrar el video en el que dice ‘vengan por mí’ y demostrar que estuvo huyendo, que intentó esconderse”, dijo Díaz.
Y agregó: “Aun así, debe pelear esa audiencia, porque allí puede interrogar a agentes de la DEA que tienen el mayor conocimiento del caso. En ese interrogatorio puede conocer detalles clave del proceso: cuántos testigos hay en su contra, si existen grabaciones o llamadas interceptadas, de qué periodo son, si hay mensajes de WhatsApp o Signal, y qué pruebas tiene la Fiscalía para ir preparando la defensa”.
El penalista Jared Genser coincide con este criterio. “Estoy seguro de que sus abogados solicitarán la libertad bajo fianza, pero es altamente improbable que un juez de la Corte del Distrito Sur de Nueva York conceda esa petición. Bajo la ley estadounidense existe una presunción a favor de la fianza, pero los jueces deben evaluar la gravedad de los cargos, el peso de las pruebas, las características del acusado y el peligro que supondría dejarlo en libertad. En este caso, los cuatro factores juegan en contra de una excarcelación: ha sido acusado de delitos extremadamente graves, lideró una dictadura brutal y ha sido implicado en miles de ejecuciones extrajudiciales de opositores. A eso se suma que cuenta con recursos prácticamente ilimitados y representa un altísimo riesgo de fuga”, explicó a este diario.
Después de la audiencia de fianza vendrá lo que se conoce como arraignment, la presentación formal de cargos. Allí, con su abogado permanente, se declarará no culpable, solicitará un juicio por jurado y exigirá la entrega de todas las pruebas documentales y testimoniales.
3. ¿Cuánto podría tardar el proceso hasta llegar a una sentencia?
Desde hoy hasta el juicio podría pasar cerca de un año. Si es hallado culpable, según penalistas consultados, habría que sumarle unos tres meses más para la sentencia. La apelación podría tardar alrededor de un año adicional. En total, el proceso completo —juicio, sentencia y apelación— podría extenderse por cerca de dos años.
4. ¿Maduro podría recibir rebajas de pena por colaborar con la justicia?
“En toda mi experiencia —casi 40 años como abogado y 10 como policía antidrogas— solo viví una ocasión en la que el Departamento de Justicia dijo que no quería escuchar a mi cliente. No creo que eso pase con Maduro, pero podría pasar”, respondió el penalista Díaz.
Si le abren la puerta a una eventual colaboración, la justicia estadounidense le exigiría declarar contra perfiles de alto nivel, es decir, de mayor rango dentro del organigrama criminal o paralelo. Por ejemplo, contra el narco mexicano Joaquín ‘el Chapo’ Guzmán, Diosdado Cabello, Vladimir Padrino y la cúpula militar venezolana.
“Es razonable pensar que tendría información de enorme valor sobre sus principales socios en el narcotráfico a nivel global: cómo se fabrican y distribuyen las drogas, cómo se adquieren y comercializan las armas y cómo fluyen los recursos producto de estas transacciones. No obstante, esa información tendría un valor muy limitado si no coopera con rapidez, pues es muy probable que quienes hicieron negocios con él ya estén cerrando cuentas, cambiando prácticas y tratando de encubrir sus propias actividades ilegales”, señaló Genser.
Sin embargo, fue escéptico frente al eventual aliciente punitivo. “Si fuera condenado, la duración de la pena y las condiciones de reclusión podrían verse afectadas por una eventual cooperación. Pero no hay ningún escenario en el que se le conceda clemencia. En el mejor de los casos, podría aspirar a evitar una prisión tipo Supermax, donde cumpliría su condena en aislamiento, en una celda pequeña y fría, 23 horas al día y con contacto humano mínimo”, añadió.
Otros penalistas consideran que, dependiendo del calibre de la información que entregue, podría reducir su pena —al menos en los delitos relacionados con terrorismo y narcotráfico— a un mínimo de 30 años de cárcel.
Hasta ahora, Nicolás Maduro no ha sido acusado por delitos relacionados con graves violaciones a los derechos humanos, y podría eventualmente enfrentar un juicio por crímenes de lesa humanidad ante la Corte Penal Internacional o ante un tribunal híbrido, como ocurrió en los casos de Líbano, Sierra Leona y Camboya. Además, tiene otro indictment abierto en una corte de Florida.
5. ¿Qué podría pasar con Cilia Flores, esposa de Maduro?, ¿Podría negociar una inmunidad para ella?
“No imagino que exista ninguna posibilidad de que eso ocurra. Ella ha sido implicada en sus crímenes y es probable que Estados Unidos tenga evidencia de corrupción transnacional a gran escala, incluyendo cuentas bancarias en el extranjero a nombre de ella y de su familia con recursos sustraídos del Estado. Los delitos de corrupción global y lavado de activos también son extremadamente graves. Dicho esto, si Maduro decide cooperar con las autoridades estadounidenses, ella podría eventualmente recibir una condena menor y mejores condiciones de reclusión”, respondió Genser.
6. Uno de los argumentos de defensa que se han planteado es la presunta violación al derecho internacional humanitario por la extracción e intervención militar de EE. UU. en Venezuela. ¿Qué peso tendría esto en los alegatos de la defensa?
La posición del gobierno estadounidense —reconocida por sus cortes— es que Maduro no goza de inmunidad diplomática presidencial. Además, Washington sostiene que tiene facultad para capturar a un prófugo dondequiera que se encuentre. Si la persona está físicamente en territorio estadounidense, la forma en que llegó no es relevante para el proceso.
“No veo a ningún juez federal absolviendo a Maduro por el hecho de que haya mediado una intervención militar para capturarlo. Eso abriría la puerta a que cualquiera viole las leyes de narcotráfico, se esconda en otro país y luego alegue captura ilegal. Es un argumento interesante para el debate académico, pero no para ganar un caso”, explicó el abogado Díaz.
Y añadió: “Desde los años 80, Estados Unidos concibe la lucha contra las drogas como una guerra. Y Trump ha decidido dar un golpe duro al narcotráfico: cerrando fronteras, aumentando penas y llevando ante la justicia incluso a jefes de Estado”.