Un juez federal anunció este miércoles que reanudará una investigación para determinar si funcionarios del Gobierno Trump violaron una orden judicial que prohibía los vuelos de deportación a El Salvador, después que un tribunal de apelaciones le diera vía libre para continuar con la indagación, según informó el diario The Washington Post.
En abril pasado, el juez federal, James Boasberg, había ordenado la investigación como parte de un proceso para declarar a la Administración del presidente, Donald Trump, en desacato por ignorar un fallo judicial y haber enviado a más de 200 migrantes, en su mayoría venezolanos, a una cárcel de máxima seguridad en El Salvador.
La orden había sido puesta en pausa después que el Tribunal de Apelaciones del Distrito de Columbia bloqueó el procedimiento para evaluar los argumentos del Gobierno Trump, que impugnó la decisión de Boasberg.
En una audiencia este miércoles en Washington, el juez dijo que el tribunal de apelaciones le había dado luz verde para continuar con la indagación.
“Mi investigación no consiste en determinar si se debe declarar al gobierno en desacato, sino en determinar si existe suficiente información para remitir el caso por desacato”, aclaró el magistrado citado por The Washington Post.
Boasberg dijo que llamará a declarar al menos a dos personas relacionadas con el caso: Erez Reuveni, un informante del Departamento de Justicia (DOJ, en inglés) que fue despedido, y Drew Ensign, un abogado del mismo departamento a quien Reuveni acusó de engañar al tribunal sobre los vuelos de migrantes, de acuerdo al rotativo.
En su primera opinión de más de 40 páginas, el magistrado acusó al Ejecutivo de haber ignorado con “completo menosprecio” una orden judicial que les instruía a dar marcha atrás al envío de los migrantes al país centroamericano.
"La Constitución no tolera la desobediencia intencional de las órdenes judiciales, especialmente por parte de funcionarios que han jurado respetarla", escribió el juez en su fallo de abril pasado.
Permitir al Gobierno “anular” los fallos de las cortes, agregó Boasberg, “convertiría en una burla solemne a la propia Constitución”.
Trump invocó el pasado 14 de marzo la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, utilizada en tiempos de guerra, para expulsar a cientos de venezolanos a los que acusa de pertenecer a la organización criminal Tren de Aragua.
Un día después de que invocara la ley, Boasberg bloqueó su uso justo en el momento en el que dos aviones iban rumbo a Centroamérica con los migrantes y ordenó el regreso de esos vuelos.
Los aviones no dieron marcha atrás y aterrizaron en El Salvador, desatando una batalla legal sin precedentes en la que Trump sugirió llevar a un juicio político al magistrado.
Por el envío de inmigrantes a El Salvador, la Casa Blanca también mantiene otro pulso judicial en el caso del salvadoreño Kilmar Ábrego García que fue expulsado junto a los venezolanos y fue retornado a Estados Unidos por orden de un juez.