EscucharQuito. Un juez electoral de Ecuador suspendió por dos años los derechos políticos de la vicepresidenta de Ecuador, Verónica Abad, quien desde 2023 sostiene una fuerte confrontación con el mandatario Daniel Noboa, que ha intentado suspenderla del cargo.
La sanción, difundida cerca de la medianoche del jueves y que incluye una multa de $14.100, es de primera instancia y Abad la puede impugnar.
En el marco de una denuncia de la canciller Gabriela Sommerfeld contra Abad por violencia de género, el juez Guillermo Ortega, del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), impuso para la vice la “suspensión de sus derechos de participación” en política por dos años, según la resolución.
La funcionaria no ha reaccionado ante este nuevo castigo, impuesto a mes y medio del balotaje presidencial que disputará Noboa con la izquierdista Luisa González para el periodo 2025-2029, que empezará el 24 de mayo próximo.
Su abogada Dominique Dávila discrepó con la sentencia y afirmó en la red social X que la decisión contiene “extravíos”.
De quedar en firme la sanción, Abad no podrá seguir desempeñando el cargo para el cual fue elegida en binomio con Noboa en los comicios anticipados de 2023.
La vicepresidenta, quien acusa al gobernante de impedirle ejercer sus funciones, volvió a encontrar cerrado su despacho en Quito el 7 de febrero en medio de tensiones y a dos días de los comicios generales, en los que Noboa que busca la reelección fue el más votado, pero con un mínimo margen de diferencia.
Para su campaña por la reelección, Noboa ha evitado encargar la presidencia a Abad, lo que para sectores de oposición y expertos es inconstitucional.
Abad acusa al presidente de violencia de género y él dice que fue un “error” escogerla como dupla, por lo que para las elecciones actuales hace binomio con su exministra María José Pinto.
Distanciados desde la campaña para las elecciones extraordinarias, la ruptura entre ambos fue evidente cuando Noboa, al poco de asumir el poder, ordenó a Abad marcharse a Israel, donde fue designada como embajadora.
Alegando incumplimientos en los cargos diplomáticos, el gobierno intentó suspenderla pero ella emprendió una batalla judicial que le permitió recuperar sus funciones.
