Quito. El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, dio el jueves por la noche un plazo de doce horas a los captores de un equipo de prensa para que digan si están vivos ante presuntas evidencias de su asesinato.
"Caso contrario, iremos con toda la contundencia (...) sin contemplaciones para sancionar a estos violadores de todos los derechos humanos", expresó el mandatario casi al borde del llanto y tras su regreso de emergencia de Lima.
Moreno lanzó el ultimátum de 12 horas a su regreso de emergencia de Lima, adonde había viajado para la Cumbre de las Américas.
En el aeropuerto de Quito, en las afueras, Moreno enfatizó: “el plazo empieza a correr desde este momento” para que “nos den pruebas de que están con vida”.
El mandatario se vio forzado a cambiar de planes después de que el canal colombiano RCN aseguró haber recibido unas fotografías que corresponderían a los cuerpos de los tres rehenes.
El medio hizo llegar el material a las autoridades a través de dos ONGs que defienden la libertad de prensa.
Un primer análisis determinó que en dos de las fotografías se observa prendas que coincidirían con las de los secuestrados, afirmó en Quito el coronel Fausto Olivo, del servicio de medicina legal y ciencias forenses.
Y "por medio del estudio biométrico del rostro, nos da una alta probabilidad que sea coincidente con otro de ellos", agregó.
Sin embargo, el gobierno subrayó que "no hay confirmación al momento" de que los rehenes hayan sido ejecutados por los presuntos disidentes de las ya disueltas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
"Hemos tenido acercamiento con las autoridades colombianas, quienes también han realizado un análisis y pericias a las fotografías, y tampoco son concluyentes", afirmó a la prensa el ministro del Interior César Navas.
El equipo periodístico cayó en poder de sus captores cuando realizaba un reportaje en la localidad costera de Mataje, limítrofe con Colombia.
La noticia supondría un golpe durísimo para Ecuador, un país que no había lidiado nunca con el secuestro de periodistas y se preciaba de ser un remanso de paz en medio de los problemas derivados del narcotráfico que enfrenta Colombia.
El equipo está en poder del Frente Oliver Sinisterra vinculado con el narcotráfico.
Con entre 70 y 80 hombres, esta organización está dirigida por el ecuatoriano Walter Artízala, conocido como Guacho, uno de los hombres más buscados tanto en Colombia como en Ecuador.
Se mueve entre ambos países por un área selvática que sirve de ruta para el tráfico de drogas.
Al inicio de semana circuló un supuesto comunicado de esa organización -cuya autenticidad fue puesta en duda por las autoridades de ambos países - en el que se anunciaba la muerte de los rehenes.
Según esa declaración que difundió la prensa colombiana, los dos reporteros y el chofer murieron durante una fallida operación de rescate coordinada por los dos gobiernos.
Sin embargo, Ecuador negó que estuviera realizando operaciones militares en la zona de frontera donde están los rehenes.
Colombia aseguró a su vez que "no ha habido desembarcos" o "acciones especiales que no sean de conocimiento" y en coordinación con Ecuador, aunque evitó hablar directamente de una operación de rescate.
La última vez que se les vio con vida a los secuestrados fue en una grabación filtrada a la prensa colombiana el 3 de abril. En ella aparecían los tres abrazados, con cadenas y candados al cuello, e instaban al gobierno de Ecuador a llegar a un acuerdo con los captores.
El secuestro del equipo periodístico es el episodio más dramático de la oleada de violencia –hasta ahora desconocida– en Ecuador desde enero en su convulsa frontera con Colombia.
Todo apunta a que la serie de ataques, la mayoría con bomba y que por ahora han dejado cuatro muertos y decenas de heridos, es consecuencia directa del acuerdo de paz firmado a finales de 2016 entre el gobierno colombiano y las FARC.
Con el desarme de la otrora guerrilla más poderosa de América Latina, convertida ahora en partido político, arreciaron disputas territoriales entre desertores del pacto de paz, bandas procedentes de antiguos paramilitares desmovilizados y otras guerrillas.
Desde hace décadas, esta porosa y selvática frontera de 720 kilómetros, con numerosas trochas ilegales, es utilizada por las bandas que viven del tráfico de droga, de armas y de combustible, así como de la minería y de la tala ilegal.