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Managua. La oposición nicaragüense intenta unificar sus diferentes tendencias para revivir las protestas en busca de la renuncia del presidente Daniel Ortega, luego de que el mandatario suspendiera, el mes pasado, el diálogo con sus adversarios.
La unidad entre agrupaciones sociales y políticas opositoras “va avanzando para mejorar la capacidad de organización y ser más eficaz en la lucha en condiciones de mayor represión”, manifestó el exvicecanciller José Pallais, miembro de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD), que las aglutina.
La oposición demanda al gobierno que cumpla con acuerdos de liberar a todos los "presos políticos", garantizar las libertades ciudadanas, reformas para democratizar las elecciones y devolución de medios de comunicación incautados.
“Si no es posible lograr la democracia y la Justicia en la mesa de negociación, se tiene que alcanzar a través de sostener la lucha cívica y esfuerzos de unidad”, manifestó Pallais.
Los opositores exigen la renuncia de Ortega, un exguerrillero de 73 años en el poder desde el 2007, a quien acusan de corrupción, autoritarismo y de instaurar una dictadura junto a su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo.
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Meses de protestas antigubernamentales que estallaron en abril del 2018 acabaron con una represión que dejó al menos 325 muertos, cientos de encarcelados y 62.500 exiliados, según organizaciones humanitarias.
Más de 490 opositores encarcelados o en arresto domiciliario fueron liberados bajo una polémica ley de amnistía, pero otros siguen en prisión.
Tras las protestas emergió una alianza opositora sin liderazgos tradicionales, ni asientos en el Parlamento, para presionar por cambios políticos y negociar con el gobierno.
Como secuela de la crisis, la economía se contrajo en un 3,8%, mientras gremios empresariales calculan que en 2018 se perdieron más de 400.000 puestos de trabajo.
En un proceso lleno de vaivenes, el gobierno y la oposición retomaron las negociaciones el 27 de febrero, pero Ortega las suspendió unilateralmente el 30 de julio.
En ese contexto, la ACJD, creada a instancia de la jerarquía católica para ser interlocutora ante el gobierno en los inicios de la crisis, reestructuró este mes su dirección, creó un consejo directivo y seis comisiones de trabajo.
La extensión de la crisis por más de un año ha provocado desánimo en algunos sectores opositores, principalmente en el exilio, que la atribuyen a una falta de estrategia y unidad.
La dirigente de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), Violeta Granera, reconoció que en la población "hay angustia y frustración" pero cree que se está "entendiendo que esta lucha cívica es de resistencia y de desgaste" para el gobierno.
La UNAB agrupa a unos 40 grupos sociales y políticos, entre ellos la ACJD.
Volver a la calle
Iniciativas como piquetes de protesta, pintas por la noche o lanzamientos de globos "han dado resultado exitosos", dijo Eliseo Núñez, otro miembro de UNAB. "Hay un activismo que busca mantener viva la protesta".
Pero otros creen que hay que reforzar aún más los esfuerzos.
"Estamos fríos, hay que meterle candela para que Ortega y Murillo sepan que todavía seguimos en pie de lucha, que no nos hemos rendido", señaló Kareli Vega, un activista de la diversidad sexual muy influyente en redes sociales, con cientos de seguidores en Facebook y Youtube.
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Para Medardo Mairena, líder del movimiento campesino e integrante de la nueva directiva de la Alianza, la crisis solo se acabará con la salida de Ortega.
"Tenemos claro que esto no va terminar hasta que se cumplan las demandas que el país necesita: salir de Ortega y retomar la democracia", apuntó el dirigente, que fue condenado a más de 200 años de cárcel por su participación en las protestas antes de ser liberado bajo la ley de amnistía.
La población espera “el momento oportuno para regresar a las calles y eso será muy pronto porque no nos vamos a quedar de brazos cruzados y que la muerte de tantos hermanos quede en la impunidad”, sentenció Mairena.
