29 agosto
Policía antidisturbios disparaban contra estudiantes universitarios que protestaron contra el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, en Managua, el 28 de mayo del 2018. AP
Policía antidisturbios disparaban contra estudiantes universitarios que protestaron contra el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, en Managua, el 28 de mayo del 2018. AP

Ginebra y Managua. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) instó este miércoles a la comunidad internacional a tomar medidas para frenar la crisis en Nicaragua, sumida en un “clima de miedo” después de meses de violenta represión de manifestaciones opositoras.

“La represión y las represalias contra los manifestantes prosiguen en Nicaragua, mientras el mundo aparta la vista”, señaló Zeid Ra’ad al-Husein, titular de ese de ese organismo, en un comunicado, en ocasión de la publicación de un informe.

"La violencia y la impunidad de los últimos cuatro meses han puesto de relieve la fragilidad de las instituciones del país y del Estado de derecho, y han generado un contexto de miedo y desconfianza", agregó.

El Gobierno de Nicaragua rechazó de inmediato el documento y alegó que el organismo “se extralimitó” al emitir el texto, que calificó de “irrespeto” a la soberanía del país.

Las manifestaciones de la oposición en Nicaragua,dirigido desde el 2007 por el exguerrillero sandinista Daniel Ortega, comenzaron en abril contra una reforma de la seguridad social –luego abandonada–, para endurecerse y extenderse por todo el país en respuesta a una violenta represión, que ha provocado más de 300 muertos y 2.000 heridos.

Entre las violaciones de los derechos humanos documentados en el informe figuran “el uso desproporcionado de la fuerza por parte de la Policía, que a veces se tradujo en ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas, las detenciones arbitrarias y generalizadas, las torturas y los malos tratos”.

“El nivel de persecución es tal que muchos de los que han participado en las protestas, defendido los derechos de los manifestantes o simplemente expresado una opinión disidente, se han visto forzados a esconderse, han abandonado Nicaragua o están tratando de hacerlo”, puntualizó el informe.

El informe también destacó la violencia de los opositores y subraya los ataques contra miembros del partido gobernante, funcionarios del gobierno y miembros de las fuerzas de seguridad, subrayando la muerte de 22 policías.

“El grado de brutalidad de algunos de estos episodios, que incluyeron quemaduras, amputaciones y profanación de cadáveres, ilustra la grave degeneración de la crisis”, añadió el documento, que reclamó la investigación de esos abusos.

“En la actualidad no existen las condiciones para el ejercicio libre y seguro de los derechos a la libertad de expresión, de asociación y de reunión pacífica”, destacó el reporte.

La Oficina del Alto Comisionado dividió la crisis en distintas fases: la “represión” de manifestaciones por parte de la Policía y elementos armados progubernamentales, seguida de una etapa de “limpieza” (desde mediados de junio hasta mediados de julio), durante la cual la Policía y los paramilitares desmantelaron las barreras en las carreteras y las barricadas.

Finalmente, los manifestantes y otros opositores al gobierno han sido “perseguidos y criminalizados”, según Naciones Unidas, que destaca que las fuerzas paramilitares actuaron en acuerdo con las autoridades del Estado y la dirección de la Policía Nacional.

El gobierno “tolera su acción y les permite actuar con absoluta impunidad”, escribió el Alto Comisionado en el comunicado.

Informe sesgado

El gobierno de Ortega rechazó el contenido del informe, el cual considerado como “parcializado y sesgado con afirmaciones subjetivas”.

Arguyó que el Acnudh “no fue invitado a una visita in loco (sobre el terreno) con fines de observación a los derechos humanos, ni la resolución de la Asamblea General 48/141 invocada en el precipitado informe les concede esta facultad”.

Pero el coordinador de la misión de Acnudh, Guillermo Fernández, manifestó en rueda de prensa que “no es un informe que responde a la invitación del gobierno, sino al mandato universal de la ONU” de protección y promoción de derechos humanos.

El gobierno de Ortega lamentó que en el documento no se haga ninguna referencia al intento de golpe de Estado del que, afirma, fue víctima por parte de “grupos interesados en la desestabilización y ruptura del orden constitucional”.

Horas más tarde, el propio mandatario arremetió contra el informe y llamó “infame” e “instrumento de terror” al órgano de derechos humanos de Naciones Unidas.

“Este organismo que tiene que ver con los derechos humanos no es más que un instrumento de políticas de terror, mentira e infamia. Son infames”, recalcó en una arenga durante un acto partidario en alusión al Acnudh.

Este “no dice ni una palabra en su informe e ignora totalmente las muertes provocadas por los golpistas, los asesinos, que vinieron a romper la tranquilidad de un pueblo”, reclamó Ortega.

Por eso, “ya nadie cree en los organismos internacionales”, afirmó. La ONU es un “instrumento de los poderosos y de sus políticas de muerte”.