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Varios gobiernos de América Latina y el Caribe han violado derechos humanos de migrantes al amparo de las políticas y la retórica de la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó hoy Human Rights Watch (HRW) en su Informe Mundial 2026.
Entre los países señalados porque atentaron contra garantías fundamentales está Costa Rica, según el reporte difundido el 4 de febrero.
En su 36ª edición, el informe de 529 páginas de HRW examina la situación de los derechos humanos en más de 100 países.
El ensayo introductorio, firmado por el director ejecutivo Philippe Bolopion, advierte que el mundo enfrenta “una marea de autoritarismo” que amenaza el sistema internacional de derechos humanos.
Bolopion instó a las democracias que respetan los derechos y a la sociedad civil a crear alianzas estratégicas para defender libertades fundamentales frente a las amenazas globales, incluidas las emanadas de las políticas de Washington.
El informe destaca que la administración Trump ha tenido “una influencia indudablemente negativa” en el respeto de los derechos humanos en América Latina y el Caribe.
En el texto, HRW subraya que “los gobiernos latinoamericanos tienen la responsabilidad de defender la democracia y garantizar que esta beneficie a sus ciudadanos, independientemente de quién ocupe la Casa Blanca”.
Costa Rica: detenciones arbitrarias
El informe cita a Costa Rica entre los gobiernos que han incurrido en violaciones de derechos humanos en el contexto de políticas migratorias vinculadas a Estados Unidos.
Según HRW, tanto Panamá como Costa Rica han detenido arbitrariamente a ciudadanos de terceros países deportados desde EE. UU.
Migrantes retornados o expulsados desde territorio estadounidense han sido privados de libertad sin las debidas garantías procesales, en un contexto regional donde las políticas de deportación masiva se han intensificado.
La entidad recordó que las detenciones arbitrarias vulneran derechos básicos como la libertad personal, el debido proceso y la integridad física y sicológica de las personas afectadas.
Hace casi un año, el 25 de febrero, Costa Rica completó la recepción de 200 migrantes deportados desde Estados Unidos y cumplió así el acuerdo alcanzado entre los gobiernos de Rodrigo Chaves y Donald Trump.
Entre aquel grupo de extranjeros originarios de India, China, Rusia, Nepal y la República Democrática del Congo, había 16 menores de edad que viajan con al menos un acompañante.
Todos fueron subidos a autobuses y trasladados al Centro de Atención Temporal a Migrantes (Catem), en Corredores de Puntarenas.
En agosto del año pasado, el magistrado de la Sala Constitucional, Fernando Cruz Castro, afirmó que, en sus 54 años de carrera, no había visto un caso tan lesivo de los derechos fundamentales como en el envío de los 200 migrantes deportados por la administración de Donald Trump hacia Costa Rica.
Cruz aseveró que los gobiernos costarricense y estadounidense trataron a los migrantes como objetos. “Fueron movilizados como si fuesen mercancía”, aseveró.
El magistrado lanzó una severa crítica a lo sucedido haciendo referencia, también, al olvido de los principios cristianos y advirtió de que “vuelven los autoritarismos que ignoran la dignidad de las personas, sin importar su nacionalidad“.
Así lo expuso, mediante una nota propia, en la redacción integral de la sentencia que ordenó la liberación de los migrantes que fueron enviados en febrero al Centro de Atención Temporal para Migrantes (Catem), en Paso Canoas, cerca de la frontera con Panamá.
Cruz Castro fue uno de los cuatro magistrados que declaró con lugar un recurso de hábeas corpus en favor de los deportados.
“No puedo callar, no puedo disimular una flagrante violación de la dignidad de muchos seres humanos que fueron tratados como objetos. Tampoco disimulo que un país tan poderoso como USA nos impone la ejecución de actos contrarios a los derechos humanos", escribió el juez.
El magistrado explicó que la condición de migrantes de las personas no les quita su dignidad: “Siguen siendo personas, dignas, aunque carezcan de ‘papeles’. Ni siquiera se le dio una identidad clara y precisa a cada uno de los seres humanos enviados desde USA. Era un cargamento silencioso”, escribió Cruz en la setencia.
Para HRW, el uso de políticas migratorias o de seguridad como pretexto para restringir libertades básicas no es exclusivo de Costa Rica ni de Panamá, sino parte de una tendencia más amplia en la región.
En este sentido, el informe urge a los países latinoamericanos a “presionar para la liberación de presos políticos” en regímenes autoritarios, apartarse de prácticas que restringen las libertades civiles y respetar el trabajo de periodistas y organizaciones defensoras de derechos humanos.
