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Ciudad de Guatemala, Guatemala. La fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea (UE) por presunta corrupción, se postuló este viernes para integrar la máxima instancia judicial del país.
Porras intentó impedir la posesión del presidente Bernardo Arévalo hace dos años y ha abierto causas contra periodistas, líderes comunitarios, exfiscales y jueces antimafia, muchos de ellos forzados al exilio.
La fiscal, cuya gestión finalizará el 13 de mayo, aspira a ser magistrada de la Corte de Constitucionalidad (CC) por la estatal Universidad de San Carlos (Usac), que tiene derecho a nombrar a uno de los cinco jueces titulares de la Corte y a un suplente.
A la CC se le conoce popularmente como la “corte celestial” porque sus fallos son inapelables y puede revertir decisiones de todos los poderes públicos.
En los últimos años, la Corte ha sido cuestionada por presuntamente sobrepasar sus funciones y favorecer a sectores vinculados con la corrupción.
Porras dijo que quiere ser magistrada para garantizar la “correcta aplicación de la ley” y servir de “forma transparente, honrada” y “profesional”.
El presidente Arévalo acusa a la fiscal, de 72 años, de formar parte de un “pacto político-criminal” para desestabilizarlo, lo que ella niega.
El mandatario vinculó esa supuesta trama con el asesinato de once policías a manos de pandilleros, durante una serie de ataques el pasado 18 de enero, debido a lo cual declaró el “estado de sitio” por un mes.
A raíz de las actuaciones contra críticos de su gestión, Porras fue incluida por Estados Unidos en el listado de individuos corruptos de Centroamérica. La UE, por su parte, la sancionó por socavar la democracia.
Aunque la fiscal siempre afirma que actúa con apego a las leyes, sectores judiciales, académicos e indígenas la acusan de formar parte de un “pacto de corruptos” que tiene cooptada la justicia.
El abogado peruano José Ugaz, integrante de un panel de observadores internacionales, declaró a periodistas que “sería inaceptable” que Porras “se blinde de inmunidad” en la Corte al ser “la principal responsable” de la “criminalización” en Guatemala.
Los demás miembros del tribunal garante de la Constitución son designados por el presidente, el Congreso, la Corte Suprema y el gremio de abogados, y asumirán en abril.
Este año también se renovarán a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral.
