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San Salvador, El Salvador. La salud de la abogada salvadoreña Ruth López, crítica del gobierno de Nayib Bukele, se ha deteriorado al punto que la familia teme por su vida, dijo una hermana que la visitó por primera vez desde que fue detenida hace un año.
López, considerada una “presa de conciencia” por Amnistía Internacional, fue arrestada el 18 de mayo de 2025 acusada de enriquecimiento ilícito por la fiscalía afín al mandatario derechista.
Previo a su arresto, la abogada de 48 años había denunciado violaciones de derechos humanos y presunta corrupción del gobierno de Bukele.
“Tiene un evidente deterioro de su estado de salud”, afirmó en un video Claudia López, quien, dijo, pudo ver a su hermana “recientemente”. La abogada tenía prohibidas las visitas.
Según ese testimonio, compartido a la AFP este jueves por la oenegé Cristosal, Ruth López fue operada de un tumor de tres centímetros sin que la familia conozca los resultados de la biopsia.
Los parientes tampoco fueron informados de la cirugía, según denunció el pasado 19 de mayo Cristosal, organización a la que pertenece la abogada.
López también presenta “niveles demasiado elevados de triglicéridos” con “riesgo de sufrir un infarto, un accidente cerebrovascular, una pancreatitis (...), lo que puede traer como consecuencia la muerte”, advirtió la hermana.
“Instamos al Estado salvadoreño a que garantice su salud y que nos entregue los resultados de todos los exámenes”, añadió López. Sostuvo que pese a todo Ruth envió un mensaje de agradecimiento por las muestras de “apoyo y solidaridad” con su caso.
“Estas cosas la sostienen, le dan fuerza y la mantienen de pie para seguir luchando, para no rendirse”, dijo.
Recientemente un grupo de congresistas demócratas pidió al gobierno de Estados Unidos interceder por la liberación “inmediata” de la abogada y exigió que un representante de la embajada la visitara en prisión.
Bukele es un estrecho aliado del presidente Donald Trump.
El mandatario salvadoreño gobierna con amplios poderes y bajo un régimen de excepción que ampara su lucha contra las pandillas, que llevó a la cárcel a unas 92.000 personas sin orden judicial y -según organizaciones internacionales- ha derivado en crímenes de lesa humanidad.
López ha permanecido la mayor parte del tiempo incomunicada y sin acceso a su expediente, ya que el caso fue declarado secreto bajo el estado de excepción.
