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A estas alturas, muchas personas en el mundo han escuchado sobre la brutalidad de las cárceles de El Salvador. Hace un año, mi esposa, Ruth López, desapareció dentro de una de ellas.
Ruth es abogada y dirigía la Unidad Anticorrupción y Justicia de Cristosal, una organización de derechos humanos con sede en Centroamérica. Lideró investigaciones sobre presuntos casos de corrupción, entre ellos el uso indebido de fondos durante la pandemia y fraudes relacionados con la implementación del bitcóin como moneda de curso legal en El Salvador. Su trabajo siempre fue meticuloso, legal y público.
Ruth es ampliamente conocida en El Salvador y en círculos jurídicos internacionales. Hace dos años, BBC la nombró una de las 100 mujeres más influyentes del mundo. Ese reconocimiento internacional la protegía, o al menos eso creíamos. Pero es probable que esa notoriedad condujera a su arresto, en mayo de 2025, bajo acusaciones infundadas frente a las cuales no ha tenido oportunidad de defenderse.
En Estados Unidos, si las personas saben algo sobre El Salvador, generalmente conocen al presidente Nayib Bukele, el popular y joven líder autoritario que el año pasado colaboró con el presidente Donald Trump para encarcelar a cientos de migrantes venezolanos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo, conocido como Cecot. También es probable que hayan escuchado sobre su ofensiva contra las pandillas y el crimen, una estrategia que la mayoría de los salvadoreños considera que ha hecho más seguras las calles del país.
Quiero que los estadounidenses comprendan el costo de esa ofensiva y cómo el gobierno salvadoreño la ha convertido en una herramienta para silenciar la disidencia.
Desde que declaró un régimen de excepción, hace más de cuatro años, Bukele ha detenido a unas 90.000 personas en operativos masivos, casi el 2% de la población adulta de El Salvador. La inmensa mayoría de las personas detenidas no ha visto a sus familias ni ha tenido acceso a asistencia legal. Muchas han permanecido años en prisión sin juicio. Sus familias ni siquiera saben si siguen con vida.
Las redadas han atrapado tanto a culpables como a inocentes. Pero en ausencia del debido proceso y ante tribunales demasiado pasivos y complacientes para distinguir entre unos y otros, los inocentes tienen pocas esperanzas de recibir un juicio libre y justo.
En cambio, el gobierno ha comenzado a procesar casos de forma masiva, juzgando a cientos de personas a la vez. Muchas de las condenas que se imponen son indefinidas. En abril, Bukele implementó cambios legislativos que permiten imponer penas de cadena perpetua a niños de tan solo 12 años.
Desde que comenzó el régimen de excepción, en 2022, Cristosal ha documentado 420 muertes en cárceles salvadoreñas, muchas de ellas aparentemente causadas por torturas o por la privación de alimentos, agua e higiene básica. Hemos sabido, por reportajes y testimonios, que los guardias de la prisión atormentan con regularidad a los reclusos con burlas en las que les dicen que no saldrán por la puerta, sino que se irán en una bolsa para cadáveres y que nadie se dará cuenta siquiera de que ya no están.
Este es el sistema dentro del cual desapareció mi esposa.
La noche del domingo 18 de mayo de 2025, la policía llegó a nuestra casa. Cuando Ruth y yo salimos a hablar con ellos, se la llevaron. Estaba en pijama. La obligaron a cambiarse de ropa en plena calle mientras un fotógrafo documentaba su humillación.
Posteriormente, el gobierno anunció que imputaba a Ruth por malversación de fondos en relación con su cargo de asesora del Tribunal Supremo Electoral, un delito que ella no podía haber cometido, ya que no gestionaba fondos públicos para dicho organismo.
Durante un día y medio, la madre de Ruth y yo no tuvimos noticias de ella. No la encontramos en ninguno de los centros de detención locales. Pensamos que había muerto o que se había desvanecido en el agujero negro judicial del sistema penitenciario de Bukele, para no volver a saber nada de ella.
El alivio que sentimos al saber que se encontraba detenida en una comisaría local fue enorme, pero duró poco. Dos semanas después, las autoridades modificaron los cargos que se le imputaban por “enriquecimiento ilícito”, alegando que sus bienes no se correspondían con sus ingresos como funcionaria pública, y la trasladaron a la Granja Penitenciaria de Izalco, un centro penitenciario a las afueras de San Salvador.
Desde entonces permanece allí, mientras el gobierno afirma que está buscando pruebas en su contra. En el año transcurrido desde su detención, en lo que se podría denominar el “efecto Ruth López”, decenas de periodistas, abogados y defensores de la democracia han huido del país por temor a correr una suerte similar.
En cierto sentido sombrío, Ruth tiene una ventaja: ella eligió este camino. Sabía que corría un riesgo al hablar con claridad sobre la corrupción en El Salvador. La injusticia le indignaba tanto que solo encontraba tranquilidad si no se quedaba callada, aun sabiendo que algún día podría pagar un precio por ello.
He pasado meses buscando las palabras adecuadas para describir cómo me siento ante la situación de Ruth. Lo diré con sencillez: tengo miedo. Miedo de una llamada telefónica, de una noticia inesperada o de un silencio que dure demasiado tiempo. No se trata de un miedo cualquiera, pues carece de un objeto concreto. No sé exactamente a qué temer, ni cuándo. Esa incertidumbre a veces es peor que cualquier noticia concreta. La mente, cuando carece de información pero intuye el peligro, se inventa cosas.
Y eso es precisamente lo que este gobierno busca. No solo castigar la disidencia, sino imponer el silencio. No solo intimidar, sino instaurar el hábito del miedo. No solo encarcelar a una persona, sino enviar una advertencia a todas las demás.
El momento más difícil para mí llega por las noches, cuando la casa queda en silencio y ya no hay nada más que hacer ni nadie más a quien llamar. Ese era nuestro momento: cuando conversábamos sin prisa, cuando hablábamos de cualquier cosa y de todo a la vez: de nuestros amigos, de un libro, del mundo y de cómo debería ser.
Ahora, cuando llega esa hora, ya no hay palabras. No hay nuevas ideas que compartir. Solo silencio.
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Louis Benavides es el esposo de la abogada anticorrupción Ruth López, quien fue detenida por las autoridades salvadoreñas en mayo de 2025. Él escribe desde San Salvador, El Salvador. Este artículo fue publicado por NYT en español el 10 de junio. La Nación lo reproduce con autorización
