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San José, Costa Rica. Un grupo de expertos de la ONU pidió este viernes al gobierno de Nicaragua, que presiden los esposos Daniel Ortega y Rosario Murillo, dar una “prueba de vida” del líder indígena nicaragüense Brooklyn Rivera, ante el temor de que haya muerto en prisión.
Rivera, de 73 años y considerado “preso de conciencia” por Amnistía Internacional, fue detenido el 29 de septiembre de 2023 por policías que “irrumpieron de forma violenta” en su casa en la localidad caribeña de Bilwi, según un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
“Existe información de que podría haber muerto en detención”, advirtió el grupo de expertos en un comunicado emitido en Ginebra, al señalar que el líder del pueblo miskito es víctima de “desaparición forzada”.
“Hacemos un llamamiento urgente para que se esclarezca de inmediato la suerte y el paradero de los más de 112 personas víctimas de desaparición forzada en el país” y “para que se aporte, de manera inmediata, prueba de vida de Brooklyn Rivera”, agregó la nota.
El gobierno de Estados Unidos ha expresado preocupación por la salud de Rivera, y exigido su liberación a los copresidentes Ortega y Murillo.
La Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos acusó en marzo a la “dictadura de Murillo-Ortega” de tener personas “encarceladas únicamente por disentir del régimen”, en condiciones “inhumanas” y sin atención médica. “La crueldad del régimen hacia quienes se atreven a alzar la voz es inconcebible”, agregó.
El grupo de la ONU dijo tener conocimiento de otra persona “desaparecida forzadamente” que murió presa en febrero pasado y cuyo cuerpo fue entregado a su familia sin un certificado de defunción.
El comunicado está suscrito por nueve expertos, entre ellos los miembros del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas y el relator especial sobre ejecuciones extrajudiciales de la ONU.
Ortega, de 80 años, y Murillo, de 74, mantienen un fuerte control contra opositores tras las protestas de 2018 que dejaron unos 300 muertos, centenares de detenidos y forzó a cientos de miles al exilio.
El gobierno justificó la represión al considerar esas protestas como un intento de golpe de Estado patrocinado por Washington.
