Esta medida, que se aplica a las visas de negocios y de turismo, es decir, no para inmigrantes, ya afecta a 38 países y se extenderá a otros doce, entre ellos Nicaragua y Granada, a partir del 2 de abril, informó el Departamento de Estado.
El programa se lanzó el año pasado con el objetivo de frenar las estancias prolongadas más allá del periodo autorizado, como parte de la amplia ofensiva de Trump contra la inmigración ilegal.
La fianza se devuelve si el titular del visado regresa a su país dentro del plazo establecido o si finalmente no viaja.
Enviar de vuelta a un inmigrante ilegal cuesta al contribuyente estadounidense una media de 18.000 dólares, según el Departamento de Estado.
Además de Nicaragua y Granada, se incorporaron al programa Camboya, Etiopía, Georgia, Lesoto, Mauricio, Mongolia, Mozambique, Papúa Nueva Guinea, Seychelles y Túnez.
De América ya habían sido incluidos Venezuela y los caribeños Antigua y Barbuda, Cuba y Dominica.
Entre los otros 38 iniciales, la gran mayoría están en África (Benín, Botsuana, Burundi, Cabo Verde, República Centroafricana, Costa de Marfil, Yibuti, Gabón, Gambia, Guinea, Guinea-Bisáu, Lesoto, Malaui, Mauricio, Mauritania, Mozambique, Namibia, Nigeria, Santo Tomé y Príncipe, Senegal, Seychelles, Tanzania, Togo, Uganda, Zambia, Zimbabue y Túnez).
De Asia, Eurasia y Oceanía figuran Camboya, Bangladés, Bután, Georgia, Mongolia, Nepal, Kirguistán, Tayikistán y Turkmenistán, así como Fiyi, Papúa Nueva Guinea, Tonga, Tuvalu y Vanuatu.
En enero, Estados Unidos congeló en 75 países los trámites de visados de inmigrante, destinados a las personas que planean residir allí de forma permanente.
