“Estas personas se han involucrado directamente en los intentos de la CPI para investigar, arrestar, detener o perseguir a funcionarios cuyos gobiernos no reconocen la jurisdicción” de ese tribunal, declaró en un comunicado el secretario de Estado Marco Rubio.
Las sanciones estadounidenses fueron emitidas también en contra del magistrado senegalés Abdoulaye Seye, quien en la actualidad sustituye al fiscal de la CPI.
Estados Unidos no suscribió el Estatuto de Roma, que creó la Corte Penal Internacional en 2000, y no reconoce la jurisdicción de ese tribunal permanente con sede en La Haya que se ocupa de casos de genocidio, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad.
La administración Trump ha impuesto sanciones -con prohibición de viaje a Estados Unidos y congelación de activos en este país- a varios jueces y fiscales de la CPI, principalmente debido a sus investigaciones sobre Israel, uno de sus aliados clave.
La CPI emitió en 2024 una orden de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu y del exministro de Defensa Yoav Gallant por la guerra en Gaza, así como contra varios miembros de Hamás, todos ellos asesinados.
La CPI consideró que esas sanciones “socavan el Estado de derecho”, según un comunicado.
“Cuando se amenaza a los actores de la justicia por aplicar la ley, es el orden legal internacional el que se pone en riesgo”, señaló el tribunal con sede en La Haya.
