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Nueva Orleans, Estados Unidos. El Departamento de Seguridad Nacional estadounidense anunció el miércoles una operación “contra inmigrantes irregulares con antecedentes criminales” en Nueva Orleans, tras criticar a las autoridades demócratas de la ciudad por no cooperar.
El presidente Donald Trump había reiterado el martes su intención de enviar militares de la Guardia Nacional a Nueva Orleans (sur), como ya lo ha hecho desde junio en Los Ángeles (oeste), Washington y Memphis (sur), a cada ocasión en contra de la opinión de las autoridades locales demócratas.
El mandatario afirma que este desplazamiento es necesario para combatir la criminalidad y apoyar a la policía federal de inmigración (ICE).
Trump dijo haber recibido una llamada del gobernador republicano de Luisiana, Jeff Landry, pidiendo ayuda.
El departamento precisó en un comunicado que inicia esta operación “dirigida contra inmigrantes irregulares con antecedentes criminales que están en libertad debido a las políticas de santuario” adoptadas por las autoridades demócratas de Nueva Orleans.
Las políticas denominadas “de santuario” adoptadas por numerosos estados y ciudades demócratas consisten en limitar estrictamente la colaboración entre las fuerzas del orden locales y la policía federal de inmigración, especialmente para proteger a los migrantes en situación irregular de posibles deportaciones.
Un fotógrafo de AFP presente en el lugar presenció varias detenciones por la mañana en el marco de esta operación.
Donald Trump ha convertido la lucha contra la inmigración irregular en una prioridad absoluta, mencionando una “invasión” de Estados Unidos por “criminales provenientes del extranjero” y comunicando ampliamente sobre las deportaciones de inmigrantes.
Su gobierno asocia sistemáticamente criminalidad con inmigración clandestina y asegura que apunta a “los peores de los peores” inmigrantes que han cometido delitos.
Pero según estadísticas no publicadas de ICE obtenidas por expertos del Instituto Cato, de tendencia liberal, solo el 5% de las personas detenidas por la policía de inmigración desde el inicio del año fiscal el 1 de octubre han sido condenadas por actos de violencia y cerca del 70% no tienen ninguna condena.
El Departamento de Seguridad Nacional disputa estas cifras y argumenta que “el 70% de las detenciones realizadas por ICE involucran a extranjeros en situación irregular acusados o condenados por delitos en Estados Unidos”.
