El Departamento de Estado informó que la decisión forma parte de una estrategia para proteger la seguridad y la prosperidad del país en la región. Según el comunicado, la administración busca impedir que actores considerados adversarios puedan influir o controlar activos clave.
La entidad explicó que se trata de una expansión significativa de una política de restricción de visas ya existente. Esta ampliación permite negar el ingreso a personas que financien, apoyen o ejecuten actividades contrarias a los intereses estadounidenses en el hemisferio.
El gobierno de Donald Trump ha utilizado en varias ocasiones la facultad de otorgar o retirar visados como herramienta política. Uno de los casos más notorios involucró al presidente de Colombia, Gustavo Petro.
Tras participar en una manifestación en Nueva York en setiembre, en el contexto de la Asamblea General de Naciones Unidas, Petro enfrentó la revocatoria de su visa al mes siguiente. En ese momento, Estados Unidos también anunció sanciones contra él y miembros de su familia por presuntos vínculos con el narcotráfico.
Posteriormente, esas sanciones se retiraron. La decisión ocurrió durante un proceso de normalización de relaciones entre ambos gobiernos, que culminó con una invitación a Petro a la Casa Blanca.
A diferencia de ese caso, el Departamento de Estado indicó que no divulgará detalles sobre las personas afectadas por la nueva medida. Una fuente explicó a la AFP, bajo condición de anonimato, que existe una obligación de confidencialidad en este tipo de procesos.
El comunicado añadió que las restricciones ya se aplicaron a las 26 personas señaladas. La administración reiteró que utilizará todas las herramientas disponibles para resguardar sus intereses de seguridad nacional.
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