En su mensaje denunció presuntas irregularidades en el programa informático utilizado para el conteo de sufragios, abriendo una crisis de confianza en plena noche electoral.
“Como presidente no acepto los resultados del preconteo de la firma privada de los hermanos Bautista”, escribió Petro, refiriéndose a la empresa encargada del conteo rápido.
El mandatario justificó su rechazo señalando que “debiendo estar quietos los algoritmos del software de conteo y escrutinios, en la última semana fueron variados en tres oportunidades”.
El argumento de Petro apunta a una supuesta discrepancia entre el censo electoral oficial y el que maneja el software cuestionado.
Según el presidente, la plataforma de la empresa privada contiene 800.000 cédulas adicionales de personas que no figuran en el censo oficial de electores presentado por las autoridades competentes.
“Hay dos censos en este momento: el oficial y el del software de los hermanos Bautista, que tiene 800.000 personas adicionales”, afirmó.
Añadió que las mesas ya impugnadas “demuestran que centenares de miles de votos fueron agregados sin existencia de sufragantes”.
El preconteo, sin fuerza vinculante
Petro fue enfático en subrayar el carácter no oficial del conteo transmitido en tiempo real: “El llamado conteo transmitido no tiene fuerza vinculante. Sus datos no son norma pública”.
En ese sentido, anunció que como jefe de Estado de Colombia solo reconocerá los resultados que emanen de las comisiones escrutadoras oficiales, presididas por jueces de la República, tal como establece la ley colombiana.
“Los resultados vinculantes que el presidente atenderá y aceptará son los de las comisiones escrutadoras dirigidas por los jueces de la República”, concluyó.
Las declaraciones del mandatario llegan en un momento crítico: el candidato de la izquierda, Iván Cepeda, quedó en segunda posición en el preconteo de sufragios con el 41,08% de los votos frente al 43,77% del derechista Abelardo de la Espriella, quien marcha primero.
El momento del mensaje presidencial no pasó desapercibido para analistas y opositores, quienes interpretaron las acusaciones como un intento de deslegitimar anticipadamente un resultado desfavorable para la izquierda.
De confirmarse las irregularidades denunciadas, Colombia enfrentaría una crisis institucional inédita a apenas tres semanas de la segunda vuelta prevista para el 21 de junio. Por ahora, las autoridades electorales no han respondido públicamente a las acusaciones del presidente.
