EscucharQuito.- La Fiscalía de Ecuador acusó, este miércoles, a dos exdiputados y antiguos funcionarios del gobierno de Rafael Correa (2007-2017) por el homicidio del candidato presidencial Fernando Villavicencio, ocurrido en agosto de 2023.
Se trata de los excongresistas José Serrano y Ronny Aleaga, así como los empresarios Xavier Jordán y Daniel Salcedo, estos últimos conocidos por sus vínculos con redes de corrupción.
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Los exlegisladores están fuera de Ecuador, prófugos de la justicia.
Fernando Villavicencio, uno de los aspirantes presidenciales más populares y un duro crítico de Correa, fue asesinado a balazos por un sicario colombiano, al salir de un mitin en un centro educativo en Quito, una semana antes de las elecciones generales de ese año.
Serrano fue presidente de la Asamblea Nacional de Ecuador y fungió como ministro de Rafael Correa, mientras que Ronny Aleaga fue parlamentario por el partido político correísta Revolución Ciudadana.
El autor de los disparos fue abatido por guardaespaldas del político y cinco implicados más fueron condenados, en 2024, a penas de hasta 34 años de cárcel. Seis colombianos presuntamente vinculados al magnicidio fueron asesinados en la prisión.
La hipótesis del Ministerio Público es que el asesinato se empezó a gestar en 2022, bajo la dirección de Jordán, quien habría pedido al narcotraficante Leandro Norero, asesinado en una cárcel de Cotopaxi, ese mismo año, que organizara un operativo de seguimiento y vigilancia sobre Villavicencio.
Según la Fiscalía, Jordán no solo ideó el plan, sino que también lo financió. Serrano, por su parte, era uno de los políticos más visibles en el gobierno de Correa y habría facilitado información clave sobre los movimientos del candidato, utilizando sus contactos dentro de la policía.
La investigación señala que fue Serrano quien sirvió como enlace directo con los autores materiales del crimen.
Ronny Aleaga, exdiputado y figura polémica del correísmo, no es un novato en el cruce entre política y crimen organizado. Cuando era congresista, se reconocía abiertamente como miembro de una pandilla (Latin Kings) que participó en el proceso de pacificación de Correa, cuando miembros de las bandas se unieron al partido político del expresidente.
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El exparlamentario sería el vínculo entre los políticos y los criminales que ejecutaron a Villavicencio, homicidio que fue grabado por los testigos presenciales.
Por su parte, Daniel Salcedo es una figura veterana de los casos de corrupción ecuatorianos y registra en su expediente 30 años de prisión por sentencias de peculado, lavado de activos, fraude procesal y delincuencia organizada.
La Fiscalía de Ecuador lo vincula con Leandro Norero y, a pedido de este, coordinó el seguimiento a Villavicencio, a petición de Jordán. De hecho, Salcedo fungió como testigo de la corona para la Fiscalía, y en su colaboración aseguró que la planificación del magnicidio costó $200.000.
La fiscal Ana Hidalgo presentó como prueba el testimonio de uno de los sicarios contratados para el asesinato. En la declaración, rendida ante un agente del Despacho de Investigación Federal de Estados Unidos (FBI), el tirador aseguró que el trabajo fue para Correa, relación que el expresidente niega.
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Ese gatillero no fue juzgado, pues fue asesinado en octubre de 2023, en la penitenciaría del Litoral.
Medidas judiciales sobre los acusados
Ante pedido de la Fiscalía, una jueza de Quito ordenó la prisión preventiva de Aleaga, quien hace más de un año huyó a Venezuela, para evadir un caso de corrupción.
Serrano y el empresario Xavier Jordán se encuentran en Estados Unidos, pero deberán presentarse de forma periódica ante el consulado ecuatoriano en Miami, por decisión judicial.
Durante la audiencia de formulación de cargos, la fiscal Ana Hidalgo señaló que los cuatro involucrados se habrían encargado de la planificación y financiamiento del magnicidio, en agosto de 2023.
Villavicencio venía de dar un salto a la política tras dejar el periodismo de investigación sobre casos de corrupción que enlodaban a Correa. Fue elegido diputado antes de lanzarse como candidato a la presidencia por un partido de centro.
Desde que dejó el poder, en 2017, Correa vive en el exterior, para evitar una condena de ocho años de prisión por corrupción, dictada en su ausencia, en 2020.
El exministro Serrano, pieza clave en la administración de Correa, está detenido desde hace un mes en Miami por un asunto migratorio. En caso de ser deportado, el exministro deberá presentarse en un plazo de tres días ante la justicia, señaló el ente acusador.
La Fiscalía insistirá en la prisión preventiva para Serrano y Jordán, tras un rechazo inicial de la justicia.
En Ecuador el delito de asesinato es sancionado hasta con 26 años de prisión.
